La organización ecologista Greenpeace confirma que ya ha sido recibida la información solicitada a la Consejería de Medio Ambiente sobre los traslados de residuos peligrosos procedentes de Italia al vertedero de Nerva (Huelva), un hecho que considera "un paso" por parte de la Administración andaluza, si bien cree que es un derecho del colectivo conservador.

En este sentido, la responsable de Contaminación de Greenpeace, Sara del Río, ha informado a Europa Press de que han recibido vía correo electrónico información por parte de la Junta de Andalucía, algo que este martes anunciara el propio departamento de José Juan Díaz Trillo. No obstante, Del Río ha indicado que aún tienen que mirar "con detalle" la documentación y comprobar que es la totalidad de la solicitada y corresponde con su solicitud.

"Es un paso que esperábamos y en caso de que se confirme la información, pasada la Semana Santa nos pondremos en contacto con la Dirección General de Calidad y Prevención Ambiental de la Consejería para poner fecha y hora a la reunión, anunciada la semana pasada por el propio titular de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo", ha explicado.

Por otro lado, Del Río ha precisado que "la Junta nos ha dado envío de una información a la que tiene derecho Greenpeace en el marco del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales". "Es una respuesta obligada legalmente", ha subrayado al respecto.

Del mismo modo, ha recordado que la información que se solicitaba a la Consejería sobre el vertedero de Nerva era la concerniente a la entrada de 25.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de Italia al centro de tratamiento onubenses. Al no recibirla en un primero momento, según ha indicado, insistieron añadiendo el requerimiento de las autorizaciones de cada uno de los envíos de residuos peligrosos procedentes del país transalpino a lo largo de 2011, si bien, aclara que la autorización es de noviembre de 2010.

Del Río ha afirmado que de "no haber remitido la información, la Junta hubiera incumplido la legislación", aunque considera "positivo" el paso dado y que la Consejería cumpla con la normativa de acceso a la información ambiental.