El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha remitido a la Defensora del Pueblo nacional, María Luisa Cava, la documentación y el informe del catedrático jubilado de Derecho Administrativo y exministro Manuel Clavero sobre la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, donde Clavero afirma que dicha Ley "viola seriamente diversos artículos de la Constitución Española".

Según han indicado a Europa Press fuentes de la oficina del Defensor, Chamizo ha remitido toda la documentación aportada por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) al Defensor nacional.

No obstante, las fuentes han dejado claro que el Defensor andaluz "no ha emitido ninguna resolución y está estudiando del asunto, sólo se ha efectuado una remisión" a su homólogo en Madrid.

La Plataforma de Empleados Públicos han pedido al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que inste a su vez a la Defensora del Pueblo nacional, María Luisa Cava, a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, después de que el catedrático jubilado de Derecho Administrativo y ex ministro Manuel Clavero haya elaborado un "demoledor informe" sobre esta Ley donde afirma que dicha Ley "viola seriamente diversos artículos de la Constitución Española".

Fuentes de esta plataforma han explicado a Europa Press que han pedido a Chamizo que inste a su vez a la Defensora del Pueblo de ámbito nacional que sea ella la que presente un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma de la Junta de Andalucía.

Esta plataforma encargó al exministro de UCD, exrector de la Universidad de Sevilla, catedrático jubilado de Derecho Administrativo y abogado, el profesor Manuel Clavero Arévalo, un informe sobre la constitucionalidad de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, ante lo que éste ha presentado un "extenso dictamen" que, a juicio de la plataforma, resulta "sumamente demoledor, al afirmar que dicha Ley vulnera y quebranta seriamente y gravemente varios artículos constitucionales".

Según el informe de Clavero, "la nueva redacción dada por la Ley 1/2011 a una serie de artículos vulneran el artículo 9.3 de la Constitución que garantiza la seguridad jurídica".