La Fiscalía Anticorrupción ha instado a la juez que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones a "declinar" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas" de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.

En un escrito de tres páginas elevado ante el Juzgado de Instrucción número 6 el pasado día 13 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, argumenta, en primer lugar, que la juez Mercedes Alaya "eventualmente estaría invadiendo competencias que son propias del Gobierno autonómico, en concreto al reclamar las actas de los Consejos de Gobierno en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados".

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