"Inmigración elegida". Es un término que Nicolas Sarkozy convirtió en ley en 2006 cuando era aún ministro del Interior a las órdenes de Dominique de Villepin. Un concepto cuyos efectos colaterales han propiciado continuos choques políticos con sus vecinos europeos. El último, la prohibición de la circulación de trenes entre Italia y Francia con decenas de huidos de las revueltas de Túnez a bordo; expatriados con permiso pero, al parecer, sin "legitimidad".

Antes de pisar el Elíseo por primera vez como presidente, Sarkozy ya había expuesto a los cuatro vientos sus ideas sobre el impulso a una política migratoria común de niveles altamente exigentes. Abogaba por un gran pacto entre los países miembros que impidiera regularizaciones masivas -tuvo por ello un encontronazo con Zapatero, tras la regularización de 2005 en España- y también por un blindaje fronterizo contra los indocumentados.

Todo bajo el paraguas del espacio Schengen, que permite desde 1985 el libre tránsito de personas entre los países que han suscrito el acuerdo. Pero Sarkozy, al que su rival en la ultraderecha Jean Marie Le Pen recordaba cada vez que podía sus orígenes húngaros, desató tormentas desde su primer mandato, en mayo de 2007. Creó, por ejemplo, el ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, que acabó suprimiendo en 2010.

En septiembre de 2007, además, su partido votó a favor en la Asamblea Nacional de hacer pruebas de ADN -voluntarias- a los inmigrantes candidatos al reagrupamiento familiar. Era el cuarto proyecto de ley sobre inmigración que presentaba el Ejecutivo en cuatro años. Unos meses después, las cifras seguían 'justificando' las iniciativas conservadoras, ya que entre 200.000 y 400.000 inmigrantes sin papeles -la cantidad es válida hasta el año pasado- se encontraban trabajando en Francia.

En julio de 2008, el país asumía la presidencia europea de turno con la intención de hacer reformas con propuestas como los contratos de integración o readmisión para inmigrantes. En octubre, la UE adoptó el Pacto europeo de Inmigración y Asilo presentado por Francia con cinco puntos clave: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.

El acuerdo pedía a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso", un extremo que, para muchos, Sarkozy se saltó a la torera con la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros que llevó a cabo en verano de 2010. El Gobierno francés anunció en julio que en un período de tres meses iba a desmantelar la mitad de los campamentos ilegales de gitanos que exixtían en el país; en un mes ha había expulsado a 977 de sus ocupantes, según Interior.

El enfado de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, que incluso hizo referencias a la Segunda Guerra Mundial, fue más que monumental, aunque después rectificó sus palabras. La ONU y varios gobiernos vecinos también fueron duros con Francia, así como el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, con el que Sarkozy tuvo una discusión en tono elevado durante una cumbre de líderes europeos.

Pero a pesar de las advertencias y la petición de sanciones, Sarkozy confirmó en septiembre de 2010 lo que ya había adelantado en plena polémica de las expulsiones: que seguiría con sus planes de reforma de la ley de inmigración, que incluían la retirada de la nacionalidad francesa a las personas de origen extranjero que atentaran contra autoridades públicas y facilitarían la expulsión de indocumentados. Aseguró que había que ser "digno" para ser francés.

Aunque el órdago le duró unas semanas: París se mostró al poco tiempo 'conforme' con la petición de Bruselas de ser más transparentes e "insertar ciertas disposiciones de la directiva (europea) en los textos del derecho nacional" francés y así adaptar sus normas. Tema zanjado. En noviembre de 2010, Sarkozy realizó una remodelación de Gobierno y suprimió la cartera de Inmigración e Identidad Nacional, pasando sus competencias a Interior, aunque no ha bajado la guardia.

Hace unos días, entró en vigor en Francia el veto al burka. Por otro lado, las revueltas en los países árabes constituyen una amenaza por el flujo masivo de personas que huyen de conflictos como el de Túnez a Italia -vía Lampedusa- y después pasan a Francia, que empezó hace semanas a controlar de manera exhaustiva sus fronteras.

No obstante, esta vez la Europa institucional no ha puesto el grito en el cielo y ha asegurado que Schengen permite bloquear temporalmente "por razones de orden público" el tráfico de trenes procedentes de Italia. La estabilidad de la eurozona y el acuerdo de libre circulación tampoco están en peligro, según la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom. El próximo 26 de abril, Sarkozy y Berlusconi celebrarán una cumbre bilateral en Roma para intentar poner un parche al problema -aunque por parte de Italia está todo "aclarado"- y, sobre todo, para calmar tensiones.