UPyD ha censurado que una parte de los 18.000 parados del sector de la construcción en Baleares se deriva de la "morosidad" en el pago de la obra pública ya ejecutada, razón por la cual ha exigido un "mayor rigor presupuestario, adaptar los gastos a los ingresos y rechazar el endeudamiento crónico".

En un comunicado, UPyD ha criticado que la "irresponsabilidad" en el gasto de las administraciones locales está "agudizando más si cabe" los efectos de la crisis económica, ya que, según ha señalado, la morosidad de los Ayuntamientos en el pago a los proveedores está provocando una "falta de liquidez que, a menudo, les obliga a presentar expedientes de regulación de empleo, ocasionando incluso el cierre de estas empresas".

Así, ha recordado que el director de la Asociación de Promotores de la Construcción en Baleares, Manuel Gómez, afirmó recientemente que entre el Govern, los Consells Insulares y los Ayuntamientos deben sólo a las constructoras "la friolera de 170 millones de euros por infraestructuras ya ejecutadas, por lo que apunta que una parte muy importante de los 18.000 parados del sector de la construcción se deben directamente a la alta morosidad en el pago de la obra pública por parte de la Administración".

UPyD ha reprobado que los efectos "perniciosos" de la morosidad "no terminan ahí", ya que "no sólo se perjudica a los proveedores, sino que las mismas arcas públicas resultan perjudicadas".

"No tener las cuentas saneadas obliga a pagar intereses de demora a los proveedores o a otra Administración, incluso sufrir sanciones económicas", ha recalcado, al tiempo que ha puesto como ejemplo que la Agencia Tributaria ha sancionado al Ayuntamiento de Andratx por no haber liquidado a tiempo el IVA recaudado por la venta de un solar en Camp de Mar, de forma que "debido al retraso en el pago del impuesto, la Agencia Tributaria ha impuesto 47.256 euros de intereses de demora".

Además, ha advertido de que la Agencia Tributaria podría sancionar al Consistorio de Andratx con una multa que podría "triplicar" el importe señalado.

Por otro lado, la formación liderada en Baleares por Juan Luis Calbarro ha señalado que también existe un tercer efecto que, a menudo, pasa "desapercibido", ya que muchos Consistorios "terminan contratando servicios sin crédito presupuestario, las facturas quedan en los cajones sin pasar por el control de Intervención y al cabo de unos años se ven obligados a pagarlas alegando que el servicio se realizó, lo que se llaman técnicamente como reconocimientos extrajudiciales de crédito".

"falta de control"

"Además del quebranto que supone para los proveedores y para la Administración debido a los intereses de demora, aparece aquí un tercer efecto perverso: la falta de control por parte del Interventor, lo que conlleva a menudo el despilfarro consiguiente en servicios que tal vez eran innecesarios o caprichosos", ha criticado UPyD.

Así, ha remarcado que estas políticas "irresponsables no son patrimonio de ninguna formación en particular, sino que todas se comportan exactamente igual a la hora de la verdad". Por ello, considera que es "inútil seguir confiando en partidos que antes de las elecciones hablan de austeridad, pero que siempre han caído, caen e irremediablemente caerán en la mala praxis presupuestaria de siempre", porque, en su opinión, "priorizan el clientelismo y el electoralismo sobre cualquier sentido de la responsabilidad".