El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Sueca ha aceptado a trámite la querella interpuesta el pasado 23 de febrero por el Grupo Socialista contra el alcalde de Cullera y diputado provincial, Ernesto Sanjuán, por un presunto delito de prevaricación vinculado a unos sobrecostes irregulares en las obras de rehabilitación de la Casa Palomes de la localidad.

Según el portavoz municipal socialista, Jordi Mayor, "podrían existir graves irregularidades en los misteriosos trabajos extras realizados en la Casa Palomes tras su inauguración. Se pagaron 132.202, 78 ? una vez terminada la obra y agotado el presupuesto, fraccionados en tres facturas, hecho al que la propia interventora municipal se opuso mediante un informe de reparo".

"Tras varios meses pidiendo documentación al respecto y recibiendo la callada por respuesta, nos hemos visto obligados a poner el caso en manos de la justicia porque si nos ocultan la información y existe un informe contrario al pago emitido por la máxima autoridad económica municipal, algo huele muy mal en este asunto", ha lamentado Mayor.

El edificio de la Casa Palomes fue rehabilitado para acoger la sede de la Agencia de Desarrollo Local, con un coste presupuestado de 588.642?. Se inauguró de forma pública el día 24 de octubre de 2008.

Seis meses después de su apertura, "el alcalde encargó y pagó trabajos en el edificio a la misma empresa que hizo la rehabilitación por un valor de 132.202,78? obviando cualquier procedimiento de contratación", según los socialistas.

El importe de estos trabajos, añade, "excede del máximo previsto para los contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público (50.000?)". "Quizás por ello se fraccionó el pago de las obras en tres facturas diferentes, aunque una de ellas supera ese límite y se pagó a pesar del reparo presentado por la Intervención Municipal", apuntan los servicios jurídicos socialistas.

Jordi Mayor lamenta la actuación del actual gobierno municipal que hace "malabarismos legales" para imponer sus decisiones. "Todo ello ha obligado al Grupo socialista a poner en conocimiento de la justicia los hechos descritos para su debida investigación y enjuiciamiento dada la repercusión que para las arcas públicas municipales tienen estas adjudicaciones directas y que presuntamente contravienen lo estipulado en la ley".

"Queremos saber dónde ha ido a parar ese dinero, por qué se pagaron esas cantidades, por qué no se realizó el debido proceso de contratación y por qué se obvio el informe de reparo de la interventora", ha dicho Jordi Mayor.

"No pagan a autónomos y pequeños empresarios desde hace años obligándoles así a despedir a sus trabajadores y a cerrar sus empresas y, paradójicamente, les faltaron piernas para ir corriendo a pagar unos sobrecostes injustificados por supuestos trabajos extras que nadie conoce", ha denunciado el líder socialista.