La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra el auto en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, pidió a la Junta de Andalucía la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.

El recurso, presentado por el propio fiscal delegado, Juan Enrique Egocheaga, mantiene que la medida no es "necesaria ni proporcional" al considerar que no puede justificarse argumentando que pretende evitar que la Administración autonómica pudiera eludir la acción de la justicia o causar daños "graves e irreparables" ya que la Junta ha colaborado con la Justicia y "ha venido respondiendo a cuantos requerimientos" le ha hecho el juzgado.

Asimismo, subraya que no se conoce que en la aportación de documentos que ya ha hecho la Junta ésta haya realizado alguna "alteración o destrucción".

Además, la Fiscalía es contraria a exigir una medida cautelar al tener en cuenta que el destinatario también es la Junta ya que ésta está personada en las actuaciones y no es parte imputada a la que, en su caso, se le pudiera presumir "una futura actuación defensiva, obstruccionista o llanamente evasiva".

Anticorrupción también indica que la Junta es una Administración Pública sujeta a la Ley en la custodia de sus propios actos administrativos que están documentados, entre los cuales se encuentran las actas de su Consejo de Gobierno. Esos documentos —subraya el escrito— ya están por ley protegidos por un funcionario público, el viceconsejero de Presidencia, que ejerce como titular de la Secretaría de Actas del Consejo.

Por último, considera que el auto de Alaya es un anticipo de la petición formal ya realizada, por lo que dice que si ésta juega con la hipótesis de que exista riesgo de que las actas pudieran ser alteradas sería "más lógico" que hubiera adoptado una medida directa, como una custodia directa o una incautación in situ.

Además, mantiene que en caso de que fuera "imprescindible" adoptar alguna medida cautelar sería suficiente con dirigirse al funcionario que se encarga de custodiar las actas y advertirle formalmente para que extreme el celo de su deber de custodia.

Las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 están guardadas desde la pasada semana en sobres lacrados en un armario de seguridad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en los ERE, mientras que el Gobierno andaluz ha pedido que sea el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo el que resuelva si la juez puede tener acceso a ellas.