Las defensas del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, y los otros siete acusados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño han pedido la nulidad de las actuaciones y han atacado la "instrucción paralela" que denuncian que ha llevado a cabo el titular del Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción número 2 del municipio, Luis Acayro Sánchez , quien inició las investigaciones que les han llevado a sentarse en el banquillo.

La labor de Sánchez ha sido criticada por todos los acusados, que le han recriminado su "falta absoluta de imparcialidad", en la que incurrió en "juicios de valor" en la toma de declaraciones a los testigos y en la que, aseguran, se encargaron pruebas cuando había finalizado la instrucción mientras que se rechazaba las que planteaban las defensas.

Además, le reprochan que desde el Juzgado castreño no se informara de todas las actuaciones encargadas durante la investigación ni de las nuevas imputaciones, lo que ha supuesto que se "vulneraran las reglas de juego" y un "entorpecimiento a la acción de la Justicia".

El encargo de nuevas pruebas cuando ya se había finalizado la instrucción es otro de los argumentos que apuntan para hablar de una "instrucción paralela" a la oficial y de la que los acusados no tenían conocimiento, junto al hecho de que se pidieran pruebas de cuestiones que no tenían relación con el objeto de la causa, la adjudicación de las obras del túnel de Mioño.

Así, cuestionan que se reclamaran actas o reparos de legalidad, entre otras pruebas, de épocas anteriores o posteriores a los hechos, y también que se pidiera documentación de carácter municipal directamente al interventor, en lugar de al Ayuntamiento.

Y al respecto, han pedido que se "expulse" del procedimiento todo lo relacionado con las obras de eliminación de las barreras arquitectónicas en el mercado municipal, al considerar que es una causa distinta.

"ambiente de culpabilidad"

Entre los detalles que han puesto como ejemplos de la labor "parcial" del juez de Castro se encuentra que en parte de la documentación aparecieron anotaciones a mano con "juicios de valor" o que incluyera en la causa escritos anónimos, en lo que creen que obedece a un intento de "trasladar" al órgano responsable del juicio el "ambiente de culpabilidad" creado en el juzgado del municipio.

La vista ha comenzado este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, después de haberse suspendido en su primera convocatoria, hace un par de semanas, por la enfermedad de uno de los acusados, el interventor.

Hoy este procesado tampoco ha comparecido, pero entonces se decidió que el juicio comenzaría aunque él no acudiera, y lo ha hecho atendiendo a las cuestiones previas de las partes, esto es, a los planteamientos previos de carácter jurídico previas a la toma de declaraciones y a la práctica de las pruebas.

Tras estas peticiones, se ha hecho un receso para que el Ministerio Fiscal, única parte que acusa en este proceso, estudie su respuesta a las solicitudes de nulidad.

La parte pública las ha rechazado, explicando que las pruebas nuevas que se pidieron tras el fin de la investigación no eran más que "nuevos indicios" que "corroboraban" los hechos, y ha defendido que las obras en el mercado suponen una "continuidad delictiva" respecto a las de Mioño, ya que partieron de las mismas personas y empresas, y obedecen a los mismos presuntos delitos.