La justicia europea condena a España por no depurar las aguas residuales en 38 ciudades

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por no depurar las aguas residuales urbanas en 38 localidades --entre ellas A Coruña, Vigo y Santiago (Galicia) y Gijón (Asturias)-- lo que supone una infracción de la normativa medioambiental comunitaria.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por no depurar las aguas residuales urbanas en 38 localidades —entre ellas A Coruña, Vigo y Santiago (Galicia) y Gijón (Asturias)— lo que supone una infracción de la normativa medioambiental comunitaria.

La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que llevó a España ante el TUE por incumplir la directiva que obliga a implantar sistemas adecuados de recogida y depuración de aguas residuales en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes. El plazo para hacerlo venció el 31 de diciembre de 2000.

El Ejecutivo comunitario alertó de que las aguas residuales urbanas no depuradas constituyen un peligro para la salud pública y la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores.

En su fallo de este jueves, el Tribunal de Luxemburgo concluye que España ha incumplido la obligación de garantizar la recogida de las aguas residuales urbanas de las localidades de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre y Cariño.

Tampoco ha construido las depuradoras necesarias para el tratamiento de las aguas residuales en Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinarós, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irún (Hondarribia).

Si las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría denunciar de nuevo el caso ante el Tribunal y pedir la imposición de fuertes multas.

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