Los programas contemplados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo afectan desde 2008 a 128.063 familias en materia de rehabilitación y a más de 19.000 jóvenes andaluces en el ámbito del alquiler, según ha apuntado la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, quien ha señalado que entre 2008 y 2010, en el marco del citado plan, se han registrado 46.769 actuaciones de VPO de nueva construcción y subvenciones a la urbanización de suelo para 11.532 inmuebles protegidos.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Cruz Villalón ha recordado que la línea de recuperación y mejora del parque residencial existente tiene asociado un coste de 486,8 millones de euros para los tres últimos años. Además, ha incidido en que en el plan autonómico se incluyen medidas como la transformación de núcleos de infravivienda, la rehabilitación de barrios y centros históricos o la adecuación de edificios y de viviendas.

Con estos programas se suele corregir la seguridad estructural, arreglar las cubiertas o eliminar barreras arquitectónicas para la conservación del patrimonio residencial, mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas y barriadas, incrementar la eficiencia energética o mantener la población original en sus núcleos de residencia, según ha señalado.

En materia de construcción de VPO de nueva construcción y alquiler, las actuaciones llevadas a cabo en el último trienio han tenido un presupuesto de 210 millones de euros. La titular de Obras Públicas y Vivienda ha indicado que se incluyen varios programas para los sectores de población con más dificultades, recordando que las líneas de actuación incluyen ayudas para que el esfuerzo económico que han de realizar los destinatarios no exceda de un tercio de sus ingresos familiares en el caso de VPO en venta o de una cuarta parte en el supuesto del alquiler.

En su intervención, la consejera ha matizado que el Plan Concertado contiene programas específicos como las figuras de la vivienda de promoción pública para la integración social y los alojamientos, destinados a familias con especiales dificultades, bien por sus bajos ingresos o por sufrir riesgo de exclusión social. En este caso, ha añadido que esta línea persigue la integración de los colectivos, al localizar las promociones de estas viviendas en alquiler en un entorno más amplio que evite la marginación.

De hecho, según ha señalado, el Plan Concertado contempla que un 30 por ciento de la promoción se reserve a unidades familiares con niveles de renta de hasta una vez el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o que, superando ese límite, se encuentren en una difícil situación social.

De igual modo, Cruz Villalón ha explicado que, en materia de alquiler, el programa ha llegado a 24.410 familias desde 2005, con una media anual de 6.345 familias en los tres últimos años. La titular de Obras Públicas y Vivienda ha señalado en el Parlamento que las políticas de vivienda tienen un carácter integral, al posibilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda adecuada, en el marco de un territorio cohesionado socialmente, más eficiente desde el punto de vista económico y más respetuoso con el medio ambiente.

Los registros de demandantes y los planes municipales

La consejera también se ha referido a los registros municipales de demandantes de VPO y a los planes municipales de vivienda y suelo, que son las herramientas de aplicación de la Ley del Derecho a la Vivienda. En el primer caso, hasta el momento el 73,78 por ciento de la población andaluza reside en municipios que ya están realizando la grabación de las solicitudes presentadas por los interesados en formar parte de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida. Esta grabación se ha realizado a través de la herramienta informática desarrollada por la Consejería para gestionar estas bases de datos.

Por otro lado, un total de 1.726 andaluces han solicitado durante 2010 los préstamos reintegrables recogidos en la Medida de Impulso Económico para dar salida al stock de vivienda libre disponible en el mercado. De ese montante, 1.619 peticiones (el 93,8 por ciento) cuentan ya con la aprobación necesaria para acogerse a las ayudas contempladas en la iniciativa, que oscilan entre los 9.000 y 15.000 euros dependiendo de la situación personal y económica del demandante.

PP-A

Dice que la ley de vivienda "no ha servido para nada"

En su turno de intervención, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha destacado la "grave situación" que afronta el sector de la vivienda, añadiendo que la Ley de Derecho a la Vivienda "no ha servido absolutamente para nada". "El Gobierno en esta legislatura ha desmantelado la política de vivienda, descargando poco a poco la responsabilidad en esta materia, transfiriendo las competencias a los ayuntamiento sin darles los recursos necesarios", ha añadido.

Martínez ha asegurado que "después de tres años y de tres consejeros distintos y de la centrifugación de competencias, se ha paralizado la Consejería y la Empresa Pública del suelo, junto cuando el sector necesitaba un mayor impulso y los andaluces necesitaban de un mayor apoyo para acceder a la vivienda". Ha criticado que las viviendas calificadas de las que hablaba la consejera en su intervención son "viviendas de papel que no están a disposición de los andaluces".

PSOE-A

Critica el "cinismo político" del pp-A

Por su parte, la diputada del PSOE-A Regina Cuenca ha valorado el "extenso" trabajo del Gobierno andaluz para que sea efectivo el derecho a la vivienda recogido en una ley "pionera", al tiempo ha dicho que los objetivos iniciales que la Junta se ha marcado se han cumplido. Asimismo, ha criticado el "cinismo político" del PP, "que debió hacer más durante los ocho años en los que gobernó para que los ciudadanos le creyeran".

Cuenca, que ha considerado que el PP es "incapaz" de poner encima de la mesa una propuesta "sensata o razonada encima de la mesa" y ha criticado que haga de una situación puntual en un municipio algo general, ha asegurado que los 'populares' buscan "la bronca política" y no solucionar los problemas de los andaluces. "Somos nosotros los que presentamos iniciativas importantes, como haremos mañana en el Parlamento, para que las familias que no puedan pagar la hipoteca salden la deuda con la vivienda". IULV-

Ca pide un nuevo modelo de vivienda

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha dicho que la situación de la vivienda en Andalucía es "dura y triste". En su opinión, ha primado un modelo basado en el mercado, en la financiación privada y en las grandes inmobiliarias, lo que ha llevado a unos de los "peores ciclos de corrupción" en Andalucía, donde los bancos han especulado con un derecho y lo han convertido en un negocio.

Para el diputado, haría falta un nuevo modelo de vivienda "entendida como derecho y no como mercancía", así como también un urbanismo "solidario y ético, dándose viviendas a quien no pueda acceder a éstas". Ha abogado por el impulso a las políticas de alquiler y ha considerado que la Ley del Derecho a la Vivienda supuso "un conjunto de buenas intenciones sin financiación".