Extractores de orujo ven "una incongruencia" en la sentencia del Supremo que anula el pago de 10,5 millones

El presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (Aneo), Fernando Muñoz, ha considerado "una incongruencia" la sentencia del Supremo que ha anulado el pago de 10,5 millones de euros en favor de una empresa de refinación y envasado de aceite al estimar en casación el recurso interpuesto por la Consejería andaluza de Salud contra la sentencia dictada en junio de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (Aneo), Fernando Muñoz, ha considerado "una incongruencia" la sentencia del Supremo que ha anulado el pago de 10,5 millones de euros en favor de una empresa de refinación y envasado de aceite al estimar en casación el recurso interpuesto por la Consejería andaluza de Salud contra la sentencia dictada en junio de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En declaraciones a Europa Press, Muñoz ha explicado que el Supremo "paradójicamente" ahora se pronuncia diciendo que son "las empresas las que tienen que soportar el daño causado" por la alerta sanitaria del orujo, aunque "no había justificación científica para esta alerta y el procedimiento administrativo no había sido el adecuado".

"Es un verdadero sin sentido, se reconoce que la Administración ha actuado de manera inapropiada pero sin embargo los daños los tienen que asumir las empresas", ha subrayado.

Ante esta situación, varias empresas están estudiando para llevar el caso al Tribunal Constitucional porque "entiende que se están vulnerando principios constitucionales". Además, ha indicado que "todavía están pagando los efectos de esta alerta de 2001, ya que las cuotas de ventas no se han recuperado aún".

El Tribunal Supremo ha estimado en casación el recurso interpuesto por la Consejería andaluza de Salud contra la sentencia dictada en junio de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenaba a la Administración autonómica al pago de 10,5 millones de euros en favor de una empresa sevillana de refinación y envasado de aceite.

En concreto, esta orujera denunció a la Consejería del ramo en concepto de daños ocasionados tras la alarma sanitaria suscitada en 2001, a raíz de la alerta alimentaria que se decretó sobre el aceite de orujo en España por una información aparecida en un periódico checo, en la que se decía que este aceite contenía sustancias cancerígenas.

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