El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la suspensión de empleo a una funcionaria de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Cantabria, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, implicada, junto a otros compañeros, en una trama de adjudicaciones irregulares de expedientes.

Según señala la sentencia, lo que hacían los funcionarios de este departamento era retrasar la aprobación de los proyectos, y, mientras estaban paralizados, a los promotores se les ofrecía la realización de otro, pero contratando a un ingeniero y a un instalador que en realidad eran el hijo y el ex cuñado de dos de los empleados públicos que fueron expedientados.

Ese nuevo proyecto se emitía a cambio de una cantidad de dinero que se cobraba al promotor, parte en negro y parte con factura. El nuevo ingeniero e instalador se limitaban a realizar variaciones "insustanciales" en el proyecto anterior que ahora era "rápidamente certificado", "sin mayores problemas".

Esta funcionaria. MC.L.D., y el resto están imputados por estos hechos en un procedimiento penal por un presunto delito de cohecho y prevaricación, para el que además se han admitido nuevas diligencias.

En este proceso, el Abogado del Estado hace hincapié en el "número y gravedad" de las infracciones tanto de ella como de sus compañeros.

Y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC incide en la "gravedad del hecho" y la importancia del "buen funcionamiento" de la Administración.

La empleada pública fue suspendida en sus funciones por el Ministerio de Industria, en septiembre de 2009, en cuanto se comenzaron a investigar estos hechos, que están pendientes de investigación judicial por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander. Y aunque hubo un sobreseímiento provisional de la causa, este fue revocado a instancias del Fiscal y del Abogado del Estado.

Ella pidió que se suspendiera esta medida cautelar, que se extendería hasta que se resolviera el proceso, pero el TSJC rechaza esta reclamación.