El Ayuntamiento de Castro Urdiales no podrá cobrar por el momento los 717.000 euros que le debe el Gobierno de Cantabria por la licencia de obras y los impuestos relativos a la ejecución del Parque de Amestoy.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) suspende de forma cautelar el cobro inmediato por parte del Consistorio de esta deuda al entender que la modificación presupuestaria a la que estaría obligado el Gobierno regional generaría un "perjuicio económico" a las arcas del Ejecutivo cántabro.

La sentencia admite el argumento que el Gobierno de Cantabria presenta en el recurso interpuesto, en el que alude a los "perjuicios de difícil o imposible reparación" que supondría la "inmediata ejecutividad" del pago de los tributos reclamados.

Según se explica en el recurso presentado por el Ejecutivo regional, admitido por el TSJC, el pago inmediato supondría llevar a cabo un desembolso no previsto de unas "cantidades relevantes", con el detrimento a otras necesidades públicas que sí se encontraban presupuestadas.

El TSJC ha estimado que, si el Gobierno de Cantabria tuviera que pagar ahora, los daños y perjuicios resultarían de "difícil reparación" y frustraría la finalidad del otro recurso que también ha presentado el Ejecutivo regional en el que solicita la suspensión definitiva del pago.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la sentencia referente a la obligatoriedad de pagar se resolverá en un plazo de "cinco o seis meses".

El TSJC defiende que el interés recaudatorio del Ayuntamiento de Castro Urdiales y el cobro inmediato por su parte "no puede prevalecer" frente al interés general, sobre todo cuando "se presume" la solvencia del Gobierno y, por tanto, la disponibilidad para pagar la deuda si se desestimase el recurso que ha presentado por la "improcedencia" de realizar el pago.