Zabaleta recuerda que durante 16 años y "con un lehendakari del PNV" hubo más paro que ahora

La consejera de Empleo del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, ha advertido al PNV de que el momento de "llamar a rebato" por el problema del paro fueron "los 16 años ininterrumpidos" entre 1982 y 1998 que, "con un lehendakari nacionalista", en Euskadi se superaron los 154.000 parados.
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La consejera de Empleo del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, ha advertido al PNV de que el momento de "llamar a rebato" por el problema del paro fueron "los 16 años ininterrumpidos" entre 1982 y 1998 que, "con un lehendakari nacionalista", en Euskadi se superaron los 154.000 parados.

Zabaleta, en una entrevista a través de internet con usuarios de las redes sociales, se ha referido a la intención del PNV de transmitir al Gobierno vasco y a la ciudadanía sus medidas para paliar una situación de "extrema gravedad" por la elevada tasa de desempleo.

La responsable de Empleo del Ejecutivo vasco ha destacado que "el empleo no se ha desplomado" con la llegada del PSE-EE al Ejecutivo autonómico.

Tras recordar que en estos momentos hay en Euskadi 151.000 desempleados, ha destacado que durante "16 años ininterrumpidos", entre 1982 y 1998, el número de parados en el País Vasco superó las 154.000 personas, y, según ha precisado, "con un lehendakari nacionalista".

Zabaleta ha manifestado que "ésa sí que era una crisis y un momento en el que llamar a rebato contra el desempleo", a pesar de lo que el PSE "nunca" empleó aquella situación "como arma contra el lehendakari".

Por otra parte, y en respuesta a las críticas por el supuesto abuso de ayudas sociales por parte de la población inmigrante, ha recordado que "la inmensa mayoría de beneficiarios de la red de protección social vasca son los ciudadanos vascos".

Zabaleta se ha preguntado "qué pasaría" si todos los extranjeros que realizan tareas como el cuidado de las personas mayores regresaran a sus países, tras lo que ha reclamado "respeto" para los inmigrantes.

En su opinión, una eventual modificación de las condiciones de acceso a las prestaciones sociales —como por ejemplo el cambio del número de años de empadronamiento exigido— deben contar con "un alto grado de consenso".

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