Antonio del Castillo, el padre de la joven sevillana desaparecida y presuntamente asesinada la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de León XIII, ha considerado este martes una "vergüenza" que el menor conocido como el 'Cuco', condenado a dos años y once meses de internamiento en centro cerrado seguido de un mes de libertad vigilada por un delito de encubrimiento, pueda "cumplir la condena" en un piso tutelado de Cádiz, ya que los días que pase en este piso "computan como si estuviera en un centro cerrado".

En declaraciones a Europa Press, el padre de Marta del Castillo Casanueva se ha referido a la decisión adoptada por el juez de Menores número 1 de Sevilla, Alejandro Vián, quien ha rechazado poner en libertad al menor absuelto de la violación y el asesinato de la joven, y ha puesto de manifiesto que "es una vergüenza". "No me parece correcto, tendría que estar en libertad hasta que haya sentencia firme, y en ese momento cumplir íntegramente la pena en un centro cerrado", ha apostillado.

En este sentido, Antonio del Castillo ha subrayado que le parece "mal" la decisión adoptada por el juez de Menores en cuanto a no levantar las medidas cautelares que pesan sobre el 'Cuco' y mantenerlo en un piso tutelado en Cádiz, "cerca de la playa ahora que empieza a hacer calor", tras lo que ha concluido que no le parece "ni lo mejor ni lo más correcto". Así, y cuestionado por la posibilidad de que la familia recurra el auto del juez, ha dicho que todavía no lo han decidido "pues no ha dado tiempo" a analizar tal posibilidad junto a su abogado.

Y es que el juez de Menores ha rechazado levantar las medidas cautelares que pesan sobre el menor y ha decidido que continúe internado en un piso tutelado de Cádiz, medida acordada tras cumplir los nueve meses de estancia máxima permitida en un centro cerrado. En un auto de tres folios emitido este mismo lunes día 11 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Alejandro Vián argumenta que, en casos como éste, "debe primar también el interés superior del menor, y acceder al levantamiento de las medidas cautelares en este momento supone la interrupción del proceso de intervención educativo-resocializador que se está llevando a cabo".

El juez pone de manifiesto que el artículo 28 de la Ley del Menor, cuando regula las diferentes medidas cautelares que se pueden imponer, "únicamente fija un plazo máximo de duración para la medida cautelar de internamiento, pero no fija un plazo determinado de duración para las demás medidas, por lo que debe entenderse que pueden permanecer vigentes hasta que recaiga sentencia firme, sin perjuicio de su posterior compensación en caso de sentencia condenatoria".

La ley de menores "para lo que beneficia y para lo que perjudica"

"Puede alegarse que ello provoca una situación de desigualdad en el caso que nos ocupa, ya que existen imputados mayores de edad a los que se imputa el mismo delito por el que ha sido declarado responsable el menor y que se encuentran en libertad, mientras que el menor está sujeto a una medida más restrictiva de sus derechos fundamentales a la libertad en sus distintas facetas", según prosigue el juez, quien añade que, no obstante, "no puede obviarse que al menor se le debe aplicar, como no podía ser de otra manera, la legislación de menores vigente en el ordenamiento jurídico, y ello es así para lo que beneficia y para lo que perjudica".