El Gobierno y las empresas de Japón han comenzado a afinar los detalles de un plan de reconstrucción tras el seísmo, que podría necesitar más de 200.000 millones de euros y comenzará a tomar forma con un presupuesto de 33.000 millones.

El Gobierno japonés quiere aprobar lo antes posible un primer presupuesto de 4 billones de yenes (cerca de 33.000 millones de euros) para comenzar una gigantesca reconstrucción en la costa noreste de Japón tras el terremoto de 9 grados ocurrido hace un mes.

Las prioridades serán las labores de desescombro de una zona costera que abarca más de 600 kilómetros, las primeras ayudas para normalizar la vida de los refugiados, levantar unas 70.000 viviendas y reconstruir una economía local en serio riesgo de colapso.

Para definir aún más un programa de reconstrucción que alcanzará una escala récord, el Gobierno japonés creó este lunes un consejo de expertos, que incluye profesores de universidad, empresarios y arquitectos como Tadao Ando para que, alrededor de junio, presenten propuestas que van desde el urbanismo hasta el empleo.

Algunos políticos creen que la primera fase de la reconstrucción necesitará además unos tres presupuestos adicionales hasta alcanzar un total de diez billones de yenes (81.789 millones de euros).

Para Japón, el devastador tsunami llegó en un momento especialmente delicado, cuando la economía comenzaba a recuperarse y luchaba por reducir el peligro latente que significa su gran deuda pública, que dobla en valor al Producto Interior Bruto (PIB).

El complicado problema de confeccionar un nuevo presupuesto sin emitir deuda obligará a cambiar varias partidas de gasto, como la contribución a las pensiones, y repensar una parte de las políticas del Gobierno del Partido Democrático de Naoto Kan.

Para ayudar a la financiación de las empresas que necesitarán millonarios fondos para reconstruir sus negocios, el Banco de Japón (BOJ) aprobó el jueves un programa de préstamos de emergencia a bajo interés por valor de un billón de yenes (8178 millones de euros).

Además de las pequeñas y medianas empresas de gran importancia en las provincias más afectadas (Fukushima, Miyagi e Iwate), las grandes multinacionales niponas están trabajando para poner en marcha sus plantas en esas regiones lo antes posible.

Nissan, Sony o Kirin han tenido que parar sus operaciones en algunas plantas por el alcance del terremoto y algunas no saben cuándo podrán reanudar su actividad, otro motivo de preocupación para los trabajadores de la zona.

Además del daño directo en sus instalaciones, las compañías japonesas se enfrentan a un año de escasez energética por el parón en algunas de las plantas nucleares y de otro tipo en el noreste de Japón.

Los problemas por cortes de electricidad obligarán a reducir la marcha de un buen número de líneas de producción en todo el país, a lo que se suma el peligro proveniente de la central de Fukushima, que podría hacer que los consumidores asocien los productos japoneses con el peligro radiactivo.

Algunos exportadores que producen en regiones cercanas a la central de Fukushima están realizando chequeos de radiación a sus productos para despejar las dudas y evitar los recelos de los consumidores.

Al mismo tiempo, el Gobierno analizará los niveles de radiactividad en los puertos de Japón para evitar que sean rechazados en puertos extranjeros.

El Ejecutivo ha prometido pagar compensaciones a través de una aseguradora pública a los exportadores que se vean afectados por el aumento de los niveles de radiación o rumores que perjudiquen sus ventas.

Las emanaciones de la central de Fukushima perjudican también a los pescadores, agricultores y ganaderos de varias provincias en el centro de Japón, por lo que el Gobierno previsiblemente tendrá que dedicar muchos fondos durante un largo tiempo a recuperarse de su mayor desastre acaecido desde la II Guerra Mundial.