El TSJA desestima un recurso de la Junta contra la suspensión cautelar de una encomienda a la Faffe

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha desestimado "definitivamente" el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía contra el auto de medidas cautelares dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla, a instancia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), donde suspende una resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que formaliza una encomienda de gestión a la Fundación Andaluza de Fondo Formación y Empleo (Faffe) de casi un millón de euros.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha desestimado "definitivamente" el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía contra el auto de medidas cautelares dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla, a instancia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), donde suspende una resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que formaliza una encomienda de gestión a la Fundación Andaluza de Fondo Formación y Empleo (Faffe) de casi un millón de euros.

Según ha indicado el Safja en una nota remitida a Europa Press, esta sentencia del TSJA, contra la que no cabe recurso, "reafirma la suspensión cautelar y la consiguiente paralización de la encomienda de gestión formalizada en la resolución de 13 de noviembre de 2009 del SAE". Concretamente, en dicha resolución el SAE encarga a la Faffe la explotación de datos derivados de la gestión de la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados.

Además, la sentencia del Alto Tribunal andaluz condena en costas a la Junta, ante lo que Safja ha lamentado que esas costas "una vez más y por el hábito continuado de la Administración Pública andaluza de recurrir automáticamente las sentencias y autos que la deslegitiman, saldrán de los bolsillos de los andaluces".

El sindicato destaca que en el auto del Juzgado "se establece claramente que esta medida cautelar "no consta perturbe los intereses generales puesto que las funciones encomendadas a Faffe, venían siendo realizadas por los funcionarios adscritos a la Consejería de Empleo y más concretamente al SAE; mientras que la no adopción de la medida haría perder la finalidad legítima al recurso puesto que los trabajadores de la Faffe ejercerían potestades públicas en la ejecución de la encomienda, lo que la hace que la situación sería difícilmente reversible".

El sindicato ha asegurado que tiene dos autos más de suspensión cautelar dictados por el TSJA, en concreto la primera paralización de una encomienda de gestión "fue la otorgada a la sociedad mercantil Sadesi, donde los magistrados dudaban de la legalidad de esta política de personal de la Junta y dejaban claro que estas encomiendas huyen de los controles que impone el derecho administrativo, mientras que el siguiente auto frenó otra encomienda de la Junta, esta vez a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), cuya finalidad era la expropiación de terrenos".

Safja tiene "numerosos recursos" interpuestos contra encomiendas de gestión y subvenciones públicas a las empresas aglutinadas ahora en las agencias, y ha precisado que "sólo las recurridas a la Faffe suman un gasto total de casi 28 millones de euros", tras lo que ha resaltado que "una de estas denuncias ha llegado a su fin, dando la razón en otra sentencia firme a este sindicato y anulando una orden que encomendaba ilegalmente la gestión de potestades públicas a la fundación pública mencionada".

"Una vez más, los tribunales vuelven a recordarle a la Junta de Andalucía que no puede, ni debe, encomendar potestades públicas a la administración paralela, ahora agencias", ha apuntado este sindicato, que ha hecho pública su "satisfacción" ante estas decisiones "valientes" del poder judicial que "frenan en seco la corrupta política de personal del Gobierno andaluz y su intención de extrapolarlas en contra de la privatización extrema existente en la función pública".

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