El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla defiende la "inocencia total" de su portavoz y candidato a la Alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos y considera "sorprendente" que haya sido imputado en las diligencias relativas a las supuestas irregularidades detectadas en la venta de los suelos de Mercasevilla "ahora que las elecciones municipales están convocadas".

En un comunicado, IU asegura que a las 18,15 horas de la tarde de este jueves "a nuestro portavoz no le ha sido comunicado ningún auto de la juez y, por lo tanto, se hace difícil responder a algo que no conocemos". No obstante, consideran "necesario explicar, frente a lo que se está afirmando de manera excesivamente generalizada, por cuanto se está erosionando la imagen pública de la organización y personal y política del portavoz".

"Cuando el 30 de noviembre de 2005, en pleno proceso de especulación inmobiliaria y pelotazos urbanísticos, se plantea la venta de suelo en los órganos de Mercasevilla, nuestro grupo fija la posición que defiende nuestro portavoz de que no se ha de favorecer ningún proceso que conduzca a la especulación, y mucho menos con el suelo público, puesto que el precio de las viviendas que resultaran allí sería inalcanzable si se apoyara en una subasta al mejor postor frente a un concurso público con criterios no únicamente económicos sino también sociales", explica IU, que apunta que "el suelo está situado junto a un renombrado centro comercial".

Así, justifica que "defender criterios sociales y no solo el precio económico obedece a una posición política de IU", quien insiste en su propósito de luchar contra que "el desorbitado precio del suelo no determine el encarecimiento artificial y especulativo de las viviendas y hagan inalcanzable su adquisición para la mayoría de los ciudadanos".

"Nuestro portavoz defendió en el seno de Mercasevilla la posición política de la organización, tan legal y legítima como otras posiciones", insiste el Grupo Municipal de IU, quien reitera que "Antonio Rodrigo Torrijos no formó parte en ningún momento del equipo de redactores del pliego de condiciones que sirvieron para el concurso público, ni, por supuesto, de la mesa de contratación que fue la que adjudicó los suelos a la empresa resultante".

Asimismo, añade que "este procedimiento contó con todos los avales técnicos, jurídicos y funcionariales que conformaron una decisión transparente, legal e impecable" y argumenta que "los pliegos de licitación, así como la adjudicación posterior, fueron aprobados en el Consejo de Administración de Mercasevilla, el 30 de noviembre de 2005, por todos los grupos políticos presentes en dicho consejo: PSOE, PP, PA e IU, que apoyaron unánimemente, sin ninguna discrepancia ni abstención".

En este sentido, considera que "cualquier otro portavoz o representante de IU hubiera actuado en consecuencia exactamente igual", ya que insiste en que se trata de "la defensa de una posición política basada, no solo en criterios economicistas, sino también en criterios sociales".

Por todo esto, manifiestan su "máximo apoyo y solidaridad" a Torrijos, quien a su juicio "cumplió con total disciplina y coherencia las decisiones de IU que, además, sigue sosteniendo la corrección de estas decisiones y la convicción de su justeza, reiterando que volveríamos a adoptar idénticos criterios en semejante situación".

"No hay que olvidar que el tiempo nos ha dado la razón y que los procesos inmobiliarios y especulativos han sido las causas que han metido en una crisis histórica a todo el sistema capitalista y que no se debía entonces, ni se debe ahora, ni apoyaremos que se haga en el futuro, favorecer procesos de encarecimiento artificial del suelo y de las viviendas resultantes y, mucho menos, con suelos de propiedad pública", añade IU.

Por tanto, dicen estar "convencidos" de la "inocencia total" de su portavoz y confían en que la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, llegue "hasta el fondo, porque ello demostrará la ausencia de cualquier conducta irregular y la corrección de una postura legítima que obedece a una posición de defensa de la mayoría social en su derecho al acceso a una vivienda".