El Gobierno vasco pondrá en marcha próximamente un Plan de Innovación Pública (PIP) que incluirá entre sus objetivos la implantación de un modelo de gestión de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), con el que se pretende acabar con las "ineficiencias y gastos injustificados" derivados de la ausencia de un modelo informático en la Administración autonómica.

La consejera de Administración Pública, Idoia Mendia, ha dado a conocer esta iniciativa en el transcurso de la jornada 'Tecnologías y servicios para la Administración Pública del siglo XXI', celebrada en Vitoria.

Mendia ha explicado que su departamento está elaborando el citado plan, del que ha afirmado que se divide en tres ejes principales: la consecución de una Administración pública abierta, eficaz y eficiente. La consejera ha señalado que el Ejecutivo debe ofrecer el mejor trato al ciudadano sea cual sea el canal que éste utilice para ponerse en contacto con la Administración.

En el ámbito de la Administración electrónica, ha manifestado la importancia de simplificar los procedimientos y tramitaciones. Asimismo, ha apostado por impulsar una Administración abierta que facilite la participación ciudadana. También se pondrán en marcha iniciativas para la innovación en los servicios que se prestan al ciudadano.

En el apartado de la infraestructura tecnológica, Mendia ha subrayado que el actual Gobierno "se ha encontrado con una falta total de modelo informático, que provoca ineficiencias y gastos injustificados al replicar aplicaciones, que no podemos permitir".

Reducir cargas

Por ese motivo, ha reconocido la necesidad de implantar un modelo de gestión de las tecnologías de la información y de la comunicación que ofrezca "los mejores resultados al menor coste posible". "En la tarta actual la mayor parte del gasto se los llevan los gastos de mantenimiento. Queremos invertir ese dato y que la mayor parte del gasto se dedique a innovación", ha añadido.

En este contexto, ha anunciado que el objetivo es "poner a disposición de los ciudadanos el cien por cien de los servicios públicos a través de canales electrónicos". Además, y tal como ya anunció el consejero de Economía, Carlos Aguirre, el pasado 18 de febrero, el Ejecutivo espera reducir las cargas administrativas que soportan las empresas en un 30 por ciento.

Mendia ha explicado que esto "se va a traducir en un ahorro para las empresas" y generará también un ahorro en infraestructuras de comunicaciones y tecnológicas.