La Sección Octava de la Audiencia de Málaga tiene previsto iniciar a finales de septiembre, en concreto el día 22, el juicio al alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y a otras 19 personas por el denominado caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística municipal en dicho municipio.

Inicialmente se prevé que las sesiones se celebren los jueves y los viernes y que la vista oral se prolongue hasta diciembre, según han confirmado fuentes judiciales. Además del regidor están acusados el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos funcionarios, que eran asesores jurídicos; y 16 empresarios.

La Fiscalía de Málaga solicita en sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, una pena de cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público para Martín Serón, al que acusa de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo.

El fiscal concluye que en ese Ayuntamiento, al menos desde 2002, "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución".

Según la acusación, "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, al que acusa de 11 delitos de cohecho pasivo, con carácter continuado, por lo que solicita las penas de cinco años de prisión y 11 de inhabilitación para cargo publico; y de 14 delitos urbanísticos, también continuados, por lo que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, además de una multa de 1,6 millones de euros.

El fiscal considera que, presuntamente, los hechos "eran conocidos" por el alcalde, quien habría permitido la conducta supuestamente delictiva del edil de Urbanismo. Así, para el regidor, además de la pena de prisión y de inhabilitación, pide una multa de 500.000 euros y el decomiso del dinero en efectivo intervenido y de los bienes inmuebles adquiridos con los fondos "ilegales".

Ante esto, en el escrito de defensa, los letrados del regidor alegaron "indefensión" y afirmaron "la completa inocencia" de éste "al ser absolutamente incierta la realidad de su participación criminal en la trama de corrupción que de forma general se dibuja, no sólo por ser los hechos inciertos, sino porque mi mandante no conoce ni sabe a qué conductas de corrupción por cohecho y prevaricación se está refiriendo el ministerio fiscal".

Según la Fiscalía, el edil de Urbanismo "se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios". En el escrito inicial se señala que los pagos están en anotaciones manuscritas y en archivos informáticos intervenidos.

En estas anotaciones, éste "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido", de forma que, presuntamente, el metro cuadrado de techo de más se fijaba en 80 euros, mientras que "a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros, dice la Fiscalía.