El ex vicepresidente del Gobierno y fundador del partido Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha asegurado ante el juez Santiago Torres que no quiso "faltar al respeto" a la autoridad judicial, al no acudir ayer a su citación como imputado por un presunto delito de injurias tras calificar a los policías que investigaron el 'caso Gürtel' de "camarilla de la policía judicial dedicada a preconstituir pruebas", informaron fuentes jurídicas.

Álvarez-Cascos, que ha declarado durante alrededor de una hora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, no ha querido realizar manifestaciones ni a la entrada de las dependencias judiciales, a las que ha accedido por la puerta principal, ni a la salida, que ha tomado por una puerta lateral. "Quiero ser amable. No voy a hacer declaraciones", se ha limitado a decir.

Durante su comparecencia, el ex ministro de Fomento ha contestado a todas las preguntas formuladas por el juez instructor y por la fiscal María Pilar Sánchez Roldán, y ha manifestado, según las citadas fuentes, que lleva "30 años dedicado a funciones públicas y siempre ha manifestado un exquisito respeto por el Estado de Derecho".

Tras expresar que siempre ha estado "a disposición del juzgado", ha enmarcado su ausencia en su estrategia de defensa, ya que su abogado, Juan Ramón Montero, presentó una declinatoria de competencia para que estos hechos se unan a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 44, que tramitó una denuncia presentada en 2009 por el propio Álvarez Cascos al considerar que unas informaciones que le relacionaban con la trama 'Gürtel' atentaban contra su derecho al honor.

En esa información se sostenía que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando si la trama de corrupción 'Gürtel' pagó al ex ministro de Fomento un viaje a Lanzarote en 2003. "Estos hechos viene conociéndolos el Juzgado de Instrucción 44 desde 2009, en 2010 y en el año en curso. Ante esta situación y como previene la ley: los mismos hechos no pueden ser conocidos por distintos órganos judiciales", explicó Montero.

Cascos quiere que investigue otro juzgado

La petición, que fue presentada en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla, ha llegado a primera hora de esta tarde al despacho del juez Torres, que tomará una decisión al respecto tras dar traslado a la Fiscalía. La acusación pública es la única parte personada en la causa, ya que la asociación de juristas denunciante, Preeminencia del Derecho, se retiró del procedimiento cuando la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de la Fiscalía y obligó al juez a admitir a trámite la denuncia, que previamente había archivado.

Según su defensa, Álvarez-Cascos se enteró de que había sido imputado el pasado viernes, a las 20.00 horas, cuando la Policía se lo notificó "a la salida de un mitin electoral". El abogado, que habitualmente defiende al Partido Popular (PP), cree que las supuestas calumnias proferidas por su cliente se dirigieron contra un grupo de "personas indeterminadas".

La denuncia de la asociación, dirigida por el abogado José Luis Mazón, sostiene que Álvarez Cascos señaló durante una entrevista concedida en abril de 2010 a Onda Cero que había "una camarilla de la policía judicial, instalada en Canillas, dedicada a preconstituir pruebas".

"En mi caso, claramente dedicada a preconstituir una prueba falsa", señaló el ex vicepresidente del Gobierno, quien añadió que algunos agentes dedicados a la operación Gürtel también intervinieron en 1995 en la detención en Laos del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

La Audiencia Provincial de Madrid sostenía en su auto que las expresiones de Álvarez-Casocos "dirigidas a un grupo de policías que están llevando a cabo una investigación sin duda indiciariamente pudieran ser consideradas como constitutivas injuriosas, ya que se dice de ellos que están falsificando papeles o que, en un caso que a él afecta, directamente lo que él describe como 'esa camarilla de la policía judicial instalada en Canillas' está dedicada a intentar preconstituir una prueba falsa, lo que en principio afecta al crédito que merecen los agentes de la policía a los que se refiere".