La Fiscalía de Cataluña ha pedido a la Generalitat información sobre los niveles de contaminación del aire provocados por el tráfico en Barcelona y su área metropolitana y un balance sobre el cumplimiento de las medidas que aprobó el tripartito para reducir la polución atmosférica.

En un decreto, el fiscal de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, ha acordado abrir diligencias preprocesales para investigar la contaminación en Barcelona, a raíz del oficio que el pasado mes de febrero le remitió su homólogo en la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher.

Concretamente, en las diligencias abiertas el ministerio público pide a la Dirección General de Calidad Ambiental que en el plazo de un mes le facilite información "lo más detallada posible" sobre el estado actual de cumplimiento de las 73 medidas que la Generalitat aprobó en 2007 para reducir la polución en 40 municipios de la primera y la segunda corona metropolitana especialmente afectados por la contaminación.

Además, reclama a la Generalitat datos sobre los niveles de calidad del aire registrados en 2010 en Barcelona y su área metropolitana, así como un informe preliminar sobre los índices de esos contaminantes obtenidos en los tres primeros meses de este año.

El fiscal de Medio Ambiente también exige a la Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la media anual -o trimestral en el caso del 2011- de los niveles de polución registrados, así como del número de días en que se superó el valor límite diario de las partículas contaminantes finas, que son las que comportan un mayor riesgo para la salud.

Los parámetros de contaminación atmosférica que quiere conocer el fiscal son el dióxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno, así como las partículas en suspensión de diámetro inferior a diez micras y las de la diámetro inferior a 2,5 micras, todas ellas provocadas fundamentalmente por el tráfico rodado.

Las 73 medidas para reducir la contaminación cuyo cumplimiento quiere ahora evaluar el ministerio público fueron aprobadas en un decreto de la Generalitat en julio de 2007, pero tuvieron que prorrogarse en el año 2009, al no haberse ejecutado todas ni haberse conseguido los objetivos de mejora de calidad del aire que se perseguían. Una de esas medidas era, precisamente, la reducción de la velocidad máxima hasta los 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, una limitación que el gobierno de CiU eliminó a los pocos meses de entrar en el poder.

Una vez reciba los datos de la Dirección General de Calidad Ambiental, la Fiscalía de Medio Ambiente decidirá si ordena la instalación de estación de medición propia para contrastar los informes facilitados por la administración. La investigación abierta por Antoni Pelegrín sigue las directrices de la prueba piloto que durante un año llevó a cabo el fiscal delegado de Medio Ambiente para conocer los niveles de contaminación de Madrid, en la que utilizó medidores propios para contrastar los datos sobre polución que le facilitaban las administraciones implicadas.