El Defensor del Pueblo atendió en 2010 un total de 34.674 expedientes, un 56 por ciento más que en 2009, que se gestionaron 22.287 quejas, como consecuencia de la crisis económica, según ha adelantado en el Congreso la Defensora del Pueblo interina, María Luisa Cava de Llano, tras hacer la entrega de la Memoría Anual de la Defensoría de 2010, al presidente de la Cámara baja, José Bono. Posteriormente, Cava de Llano ha hecho entrega de dicho informe al presidente del Senado, Javier Rojo.

Cava de Llano ha destacado así que este incremento responde al crecimiento registrado por las quejas colectivas, que pasaron de 3.626 en 2009 a 17.449 en 2010; además de las quejas individuales, que se elevaron a 16.759. "Se trata de un dato muy espectacular, muy importante", ha puntualizado.

Por distribución geográfica, el mayor número de quejas procede de la Comunidad de Madrid (21,85%), seguida de Andalucía (18,32%), Comunidad Valenciana (14,15%) y Cataluña (10,29%).

Igualmente, ha detallado que experimentaron una "fuerte subida" las investigaciones de oficio, aquellas actuaciones o investigaciones propias que inicia el mismo Defensor del Pueblo, y que alcanzaron los 466 expedientes, frente a los 269 del ejercicio precedente.

Según ha explicado la defensora del pueblo, la "motivación especial" para que se haya dado este aumento se debe a la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que el Defensor del Pueblo desempeña tras ser designado por las Cortes y cuya principal función es realizar visitas de supervisión preventiva a centros de detención y de privación de libertad en todo el territorio nacional y que precisamente, por su carácter preventivo y no reactivo, sólo puede tener el carácter de investigaciones de oficio.

De esta forma, el MNP inició 211 de estos expedientes, que se suman a las 255 investigaciones de oficio iniciadas ante las diferentes Administraciones públicas. "A pesar de las restricciones presupuestarias que hemos sufrido y de nuestras nuevas funciones, el trabajo que ha hecho la Defensoría es muy grande", ha puntualizado. ¿

De qué se quejan los españoles?

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca igualmente que, un año más, resaltan las quejas relacionadas con la ordenación económica, siendo las actuaciones de los bancos, el incremento de los impuestos y los recortes salariales a los funcionarios los que han generado miles de quejas.

A los ciudadanos también les preocupan los problemas con la Administración de Justicia, concretamente los retrasos indebidos y la falta de medios. De igual forma, sobresalieron los asuntos relacionados con el trabajo y la Seguridad Social; los temas relativos a la extranjería y la inmigración; o aquellos que tienen que ver con el urbanismo y la vivienda.

En cuanto a las quejas colectivas, la gran mayoría estuvieron relacionadas con la función pública y las políticas sociales, "lo que es un indicador del malestar provocado en amplios colectivos sociales por las medidas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento durante 2010 para combatir los efectos de la crisis económica", según apunta la Memoria Anual del organismo.

Mientras, las quejas individuales relativas a temas económicos se han duplicado en 2010 pasando de 1.780 a 3.692. Además, se han gestionado 2.334 colectivas y 52 de oficio. Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha iniciado en materia de tributos acciones encaminadas a intentar que la Administración establezca criterios que alivien la carga tributaria de muchos contribuyentes; o por ejemplo, subraya que el descontento con las entidades bancarias sigue estando presente en las quejas recibidas.

"La actual situación de crisis ha elevado el número considerable de ciudadanos que exponen ante la institución la necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia familiar o personal. En opinión de la Defensoría, la actual legislación no ofrece una respuesta adecuada", añade el texto.

Resoluciones aceptadas e inmigración

Por otro lado, en 2010 la Defensoría formuló un total de 448 resoluciones a las distintas administraciones públicas. De ellas, 106 fueron recomendaciones, 197 sugerencias, 140 recordatorios de deberes legales y cinco advertencias.

En este sentido, Cava de Llano ha querido destacar que las resoluciones han sido aceptadas en un 80 por ciento de los casos, lo que significa que la Oficina es una institución "eficaz" y a la que se le escucha por parte de las adminsitraciones públicas, ha indicado.

En materia de inmigración, la defensora interina ha apuntado que se trata de uno de los temas que "más preocupa" a la institucion al tratarse de uno de los colectivos "más vulnerables", si bien ha reconocido que las sentencias de los Tribunales de Justicia en España le están haciendo caso al referirse en ellas a las resoluciones dictadas a la Defensoría del Pueblo.

Ciudadanía y seguridad pública

Como caso particular, ha querido destacar la circular sobre identificación y detención de inmigrantes en situación irregular del Ministerio del Interior y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, sobre la que cree que hay que efectuar una revisión. "Estamos esperando la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería que va a ser muy clarificador, porque desarrolla la última Ley de Extranjería", ha indicado.

La Memoria Anual señala en esta línea que ha motivado que personas particulares y miembros de diversas asociaciones se dirigieran a la institución para denunciar prácticas abusivas, por parte de agentes policiales, en la identificación y detención de ciudadanos extranjeros. "Por este motivo no estamos de acuerdo con su aplicación, sobrepasa lo que debe ser la identificación de personas", ha advertido.

En cuanto a las visitas a centros de internamiento, ha explicado que el Defensor del Pueblo el año pasado efectuó 22 visitas a prisiones, seis a centros de internamiento y otras tantas a centros de protección y reforma de menores.

"Nosotros cuando visitamos cárceles nunca avisamos con antelación, nadie sabe de nuestra visita. Son exhaustivas, con conversaciones con los presos que lo deseen, sin que estén presentes los funcionarios. Abrimos las cazuelas en las cocinas, los grifos de duchas, para saber si disponen de agua caliente", ha agregado.

Es más, ha indicado que las cárceles españolas "pueden mejorar" pero que son aceptables con respecto a otros países y que el problema que hay es de "hacinamiento", un problema que se está intentando solucionar con penas alternativas a la prisión y que desde el Defensor del Pueblo se está poniendo "el grano de arena" con un informe monográfico sobre las penas alternativas a la prisión, su posible aplicación, además de fomentando desde las administraciones públicas ubicaciones para que dichas penas puedan ser llevadas a cabo.

"Está previsto que se construyan más centros pero lo que cuesta una persona en prisión al Estado es muy alto y hay personas que por el tipo de delitos cometidos bastaría con una pena alternativa para que no hubiera tantas personas en las cárceles y también reducir el gasto con las personas que están en prisión", ha agregado.

Centros de protección de menores

Tras el informe monográfico sobre los centros de protección de menores, Cava de Llano ha apreciado el compromiso de muchos de ellos por mejorar, ha puntualizado que muchos han cerrado y la función de otros sigue siendo "dudosa". "Creo que sería mejor que se regulara por ley y la situación ha mejorado", ha apostillado.

El informe indica en este sentido que se ha aprobado el protocolo básico de actuación que demandaba la Defensoría pero sería "deseable", en su opinión, que ese protocolo se elevara a norma con rango de ley.