La iniciativa insta al Ejecutivo a estudiar reformas legales y llevar a cabo acuerdos con las confesiones para establecer un procedimiento que permita causar baja de las religiones a todos los efectos legales y económicos, así como la
supresión de los datos personales que obren en sus registros.
Según establece Navarro en la exposición de motivos de la iniciativa, la posibilidad de cambiar o de abandonar cualquier religión está recogida en la
Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, así como en distintos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Sin embargo, en la práctica la materialización de la apostasía "es muy lento e incierto" y no se ha establecido
un sistema que garantice el acto de renuncia a una confesión religiosa.
Con los registros de bautismo aumentan su número de fieles en estadísticas para obtener privilegios sociales y económicos
La diputada recuerda la
dificultad existente para conseguir la supresión de los datos de los registros de la Iglesia, en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que obliga a cualquier organización a eliminar de sus archivos datos personales y privados previa petición del interesado.
Navarro señala que las confesiones religiosas "obtienen beneficios" de esta circunstancia, ya que mediante los registros de bautismo hacen aumentar su número de fieles en determinadas estadísticas para obtener "privilegios sociales y económicos"
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