La Asociación Jueces para la Democracia considera que la inclusión del consejero de Presidencia y Justicia cántabro, Vicente Mediavilla, en la terna de candidatos a ocupar una vacante de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) "quiebra" el principio de separación de poderes, que es la "piedra angular" del Estado de Derecho.

En un comunicado, esta asociación también denuncia el "peligro de intromisión" de otros poderes en el judicial a través del "ejercicio perverso" del derecho de propuesta, —que recae en el Parlamento autonómico, que es el que ha designado a Mediavilla— y su posible nombramiento como magistrado —que deberá acordar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— cuando se trata de "políticos en activo" y máxime si optan a "tribunales que conocen del enjuiciamiento de personas aforadas".

Jueces para la Democracia argumenta así que la postulación "directa" de un miembro del poder Ejecutivo "en activo" —como es el caso del consejero cántabro— para formar parte del tribunal llamado a enjuiciar al resto de los miembros aforados de la Comunidad "quiebra el principio de separación de poderes, piedra angular del Estado de Derecho".

La asociación se refiere a la posibilidad de que Mediavilla, —que también es diputado del PRC en el Parlamento regional y secretario general del partido en Santander— "guarde amistad o enemistad" con el resto de políticos de la Comunidad, lo que a juicio de este colectivo es "síntoma" de la "improcedencia" de su nombramiento como magistrado, extremo que deberá acordar el CGPJ.

También sostiene que este hecho "merma la confianza del ciudadano" en la "necesaria imparcialidad" de los componentes del poder Judicial para desempeñar su función.