Fiscalía y acusación han reclamado este martes que el excontable de la Cofradía de Pescadores de la localidad pontevedresa de O Grove, que fue denunciado por haberse apropiado, supuestamente, de más de medio millón de euros de las cuentas del pósito, sea juzgado por un presunto delito de malversación de caudal público, en lugar de por apropiación indebida.

Esta solicitud fue efectuada tanto por el fiscal como por el abogado de la Cofradía, Alberto Muñoz, en una comparecencia celebrada este miércoles en el juzgado de instrucción número uno de Cambados, y según ha explicado Muñoz a Europa Press, si su titular aceptase esta petición, las penas a las que podría verse condenado el imputado, F.F.A., "serían mucho mayores".

El pósito presentó una querella criminal contra su antiguo responsable económico en noviembre del pasado año, después de descubrir un desfalco en sus cuentas que una auditoría situó en 506.000 euros. El propio F.F.A., quien alega sufrir un problema de ludopatía, había admitido en su declaración haberse apropiado en su declaración de una cantidad próxima a los 300.000 euros a través de transferencias telemáticas que el mismo hacía de las cuentas de la entidad a las suyas propias.

No hizo lo mismo con los 200.000 euros restantes, que según Muñoz podrían haber sido sustraídos de recaudaciones de la Cofradía que no fueron ingresadas y de retiradas de dinero en dos sucursales bancarias, "que nunca tuvieron autorización para entregar dinero a nadie".

Por ello, la Cofradía ha solicitado que el presunto delito por el que su extrabajador ha sido imputado reciba la calificación de "malversación de caudal público en su modalidad agravada" debido a los "elevados importes sustraídos", junto con otro presunto delito de falsedad en documento público y mercantil.

Asimismo, y para que "no haya ni un asomo de duda", la acusación también ha solicitado que inspectores de la Agencia Especial de Investigación Tributaria efectúen un informe pericial respecto de las cuentas del pósito en el periodo que fue previamente auditado por una empresa contratada por la Consellería do Mar.

"Todo ello sin perjuicio", ha añadido Muñoz, "de que a lo largo del procedimiento" se puedan tener en cuenta una serie de hechos que permitan "extender a terceros las responsabilidades civiles y criminales".

A este respecto, Muñoz ha indicado que su objetivo es "descubrir todo" respecto de este asunto, por lo que no descarta exigir en un futuro responsabilidades civiles a las entidades bancarias en las que F.F.A. retiraba supuestamente el dinero; o a la propia empresa auditora, en caso de que el informe pericial solicitado muestre que no tuvo en cuenta en su auditoría "exigencias ineludibles" respecto de la fiscalización de las cuentas de la Cofradía.

Jurado popular

Según ha indicado el abogado, los responsables de estas empresa serán llamados a declarar en las próximas semanas, al igual que otros dos trabajadores del pósito -en marzo ya habían prestado declaración la actual y la anterior secretaria de la entidad-.

Por otra parte, Muñoz también ha explicado que se ha acordado, a falta de que sea ratificado por la juez, que esta causa pase de un procedimiento ordinario a uno regulado por lo establecido por la Ley de Jurado, lo que implicaría que F.F.A. sería juzgado por un jurado popular.