El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Caballero, ha suscrito en fechas recientes con los representantes de cinco colegios profesionales la adhesión al convenio marco de colaboración creado en 2010 para la simplificación de trámites administrativos y facilitar así la puesta en marcha de iniciativas empresariales y profesionales.

Como representantes de las entidades colegiales firmaron la adhesión Enrique Aresti (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, Peritos y Facultativos de Minas del País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria); José Miguel del Amo (Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navara y País Vasco); Manuel Sagastume (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro); Antonio Suescun (Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos); y Maite Aizkorbe (Colegio Oficial de Diseñadores de interior/decoradores de Navarra), según ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

El convenio de colaboración al que se han adherido estos cinco colegios profesionales se firmó el año pasado con los colegios oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra.

El convenio contempla la revisión de procedimientos para posibilitar su simplificación, introduce la tramitación digital y recoge la delegación de funciones de la Administración foral en los colegios adheridos, entre las que está la acreditación de que la documentación que se remite a la Administración está completa y se adecua a lo exigido por la normativa.

Por su parte, el Gobierno se compromete a facilitar protocolos actualizados que recojan los trámites, requisitos y documentación necesario para cada procedimiento de su competencia y a reconocer los visados. También pondrá en marcha un sistema telemático para facilitar el archivo y consulta de los proyecto técnicos y los visados.

El acuerdo se enmarca en las medidas para incentivar el desarrollo económico en la actual situación de crisis y se inscribe en la Ley Foral de Simplificación Administrativa, aprobada en 2009, que establece pautas para agilizar la concesión de licencias, incorporar la tramitación urgente de proyectos de 'interés foral', crear oficinas de tramitación o avanzar hacia una mayor colaboración con los colegios profesionales.