La Consellería de Medio Rural ha asegurado que la tala en la zona de erradicación del nematodo del pino "ya está prácticamente terminada", ante las acusaciones de actuación "tardía" vertidas este martes, en sede parlamentaria, por el diputado del BNG Henrique Vieitez.

"La Xunta está actuando con celeridad respecto a la normativa aplicable en materia de lucha contra el nematodo del pino", ha defendido el departamento autonómico a través de un comunicado de prensa remitido al término de la comisión de agricultura del Parlamento gallego.

El departamento destaca, además, que "tiene aprobado el plan" por parte del Comité Fitosanitario Europeo e incide en que está "siguiéndolo con exactitud, como no puede ser de otra forma". "Medio Rural trabaja con el objetivo de terminar lo más rápido posible estas actuaciones y, en todo caso, este objetivo se logrará antes del verano", afirma.

En el marco del plan de vigilancia que ejecuta "paralelamente" al de erradicación, la consellería informa de que "no se ha detectado, en estos momentos, la presencia del vector en otras zonas de Galicia".

Por tanto, "no puede dar crédito a las aseveraciones que hace el Grupo Parlamentario del BNG cuando habla de la supuesta presencia al norte de Galicia". Estas afirmaciones, agrega, "deben ir acompañadas de pruebas" y, al igual que lo hizo la portavoz del PPdeG en la comisión, recuerda que, "quien tenga información relevante, debe ponerla en conocimiento de la autoridad competente".

Por otra parte, recalca las reuniones que la consellería mantuvo con la Asociación Forestal de Galicia "cada vez que lo solicitó", por lo que "están informados de todo".

Trazabilidad e indemnizaciones

De igual modo, la trazabilidad de la madera "está siendo fiable", garantiza, y apunta a la documentación y los datos obrantes en poder de la Administración y de los operadores, que lo "acredita".

Habrá indemnizaciones, concluye, "para aquellas plantaciones con cuidados silvícolas adecuados y que no son maderables". Además, ha adquirido el compromiso de "devolver los importes resultantes de la puja pública", después de detraer los costes de desembosque, talado y transporte hasta la campana de acopio.

"Estas actuaciones supondrán un coste de 7 millones para la Administración", subraya, por lo que finaliza destacando "que el trabajo hecho por la Xunta no debe ser utilizado políticamente, ya que es un prejuicio para todos y, especialmente, para el sector".