La Unió de Llauradors ha presentado a los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Economía y Hacienda un informe para que el Gobierno apruebe reducciones fiscales para los diferentes sectores agrícolas y ganaderos de la Comunitat Valenciana que sufrieron a lo largo del pasado año "multitud de circunstancias de extraordinaria índole, desde climatológicas —lluvias persistentes con inundaciones, heladas y pedriscos—, hasta plagas y enfermedades, así como crisis de precios e incremento generalizado de los costes de producción".

La formación agraria ha explicado en un comunicado que el Ministerio de Economía y Hacienda publicó en noviembre una Orden con las reducciones para la declaración de la renta de este año 2011 y "solo contaba con cambios para la uva de mesa, tabaco y planta ornamental que ya estaban en 2010".

Ahora, la Unió justifica "con argumentos" la necesidad de aprobar nuevas rebajas fiscales para el campo valenciano debido a las "elevadas pérdidas" de los productores que "afecta gravemente a sus rentas".

El informe indica los costes productivos de cada cultivo que pone de manifiesto que, actualmente, se está "en márgenes negativos" de rentabilidad en la mayor de cultivos y subsectores ganaderos y que, por tanto, se precisa "una adecuación de los índices de rendimiento neto de las actividades agrarias a la realidad".

La Unió arguye en su informe que los ingresos que perciben los agricultores y ganaderos "bajan o se mantienen" y su capacidad negociadora en la cadena agroalimentaria es "prácticamente nula", ya que el precio de su producto "viene impuesto por intermediarios".

Por otra parte, señala que los precios de los inputs tienen una clara tendencia alcista, y cita la electricidad, el gasoil, los fertilizantes, los fitosanitarios, el plásticos y los piensos, y recuerda que se suprimieron las reducciones del 15 por ciento por la compra de plásticos o fertilizantes, y la del 35 por ciento del gasoil.

En este sentido, el productor" tampoco tiene capacitad negociadora sobre los precios de los inputs, con el agravante de no poder repercutir los incrementos de los costes de producción al resto de la cadena agroalimentaria", lamenta la entidad agraria.

"En definitiva, el agricultor y ganadero no tiene capacitad negociadora ni sobre el precio de su producto ni sobre los precios de los componentes de los costes de producción, lo cual le está provocando una injusta presión fiscal o, lo que es el mismo, una presión fiscal encubierta", destaca.

Paralelamente a la reducción del módulo fiscal en cultivos y subsectores ganaderos, la Unió pide la inclusión de un índice corrector del rendimiento neto previo por la suscripción de un seguro agrario, la inclusión de un índice corrector del rendimiento neto previo a los ingresos procedentes de explotaciones acogidas a primera instalación y a planes de mejora durante los primeros cinco años y la modificación del sistema de tributación de las indemnizaciones procedentes de siniestros no controlables por el agricultor y ganadero.

Deducciones de gastos

Del mismo modo pide que se vuelva a tener en cuenta la deducción del 10 por ciento de los gastos "de difícil justificación", la reducción del 35 por ciento del precio de compra de gasóleo de uso agrícola o la reducción del 15 por ciento del precio de compra de fertilizantes o plásticos.

El secretario general de la Unió, Ramón Mampel, ha explicado que el aumento de la presión fiscal provoca que las pequeñas y medianas explotaciones "tengan un umbral de viabilidad cada vez más alto" y por lo tanto, "sobre todo en época de crisis, se acelera la pérdida del tejido productivo agrario y el abandono de muchas explotaciones en una comunidad tradicionalmente agrícola como la valenciana".

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