La jueza que investiga las presuntas irregularidades en los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta de Andalucía, como medida cautelar, que en el plazo de tres días le envíe "copia compulsada o testimonio" de las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001.

En el auto, con fecha de este lunes y notificado este martes a las partes, la jueza Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que instruye esta causa, advierte a la Junta de que, en el caso de no cumplir este requerimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar recogido en el artículo 468 del Código Penal.

Este nuevo auto se produce una vez que el Gobierno andaluz ratificara este lunes ante la jueza su negativa a entregarle todas las actas desde 2001 de los Consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas, y se ofreciera a enviarle "toda la información relevante" para la causa.

La dirigente del PP andaluz, Rosario Soto, ha afirmado que "es obvio que la Junta está mintiendo desde el minuto uno porque decía que iba a colaborar con la Justicia y, lejos de colaborar, está obstruyendo a la Justicia", como ha recalcado que demuestra este nuevo requerimiento de la juez.

"Lo que tiene que hacer es colaborar, y ya veremos si lo hace", según Soto, "porque tiene 72 horas" para remitir al juzgado que investiga presuntas ilegalidades en los expedientes de regulación de empleo "copia compulsada o testimonio" de las actas de los consejos de Gobierno desde 2001, en sobres "cerrados y lacrados".

Este lunes, tras la petición hecha el pasado viernes por la jueza, miembros de los servicios jurídicos de la Junta ratificaron en persona ante la magistrada los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno andaluz en su reunión del pasado martes 29 de marzo.

Entre ellos, según dijeron fuentes de la Junta, figuraba ofrecer al juzgado de instrucción "vías jurídicas alternativas" ante "la imposibilidad legal de remitir todas las actas del Consejo Gobierno", con carácter "general e indiscriminado".

Sus representantes jurídicos reiteraron a la jueza el ofrecimiento de "cauces alternativos que permitan enviar toda la información relevante para la instrucción judicial sin violar la Ley del Gobierno de Andalucía".

La Junta se ampara en el artículo 31.1 de la Ley del Gobierno de Andalucía, que recoge que "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

Según el Ejecutivo autonómico, en el caso de que la jueza no considerara esas "vías alternativas", la Junta plantearía un "requerimiento de inhibición por carecer el juzgado de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas", previsto en la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales".

Esto conllevaría elevar un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Supremo.

En su auto del día 1, la jueza insistió en pedir a la Junta las actas de los consejos de Gobierno, pues "ni son reservadas ni son secretas", y consideró "paradójico que durante diez años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo y que ahora se extrañe que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello".