La asociación de jueces y magistrados 'Francisco de Vitoria' considera "inadmisible" la propuesta de que el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico, Vicente Mediavilla, sea nombrado magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Según recuerdan, el de Mediavilla es uno de los nombres propuestos por el Parlamento de Cantabria el pasado 28 de marzo para el turno de juristas de reconocido prestigio, mecanismo recogido por la ley.

Pero esta asociación recuerda la condición de Mediavilla de consejero de Justicia y de diputado autonómico, desde el año 2003, en representación del PRC, "cargos políticos que sigue ostentando al no haber renunciado a ninguno de ellos.

'Francisco de Vitoria' denuncia esta situación "de forma pública y enérgica", en la misma línea que las secciones territoriales de las cuatro asociaciones judiciales en Cantabria.

Para ellos, el que "un aspirante al más Alto Tribunal autonómico ostente altas responsabilidades políticas no salvaguarda la imagen de independencia que debe mostrar todo candidato, imprescindible para la confianza del ciudadano y presupuesto indispensable del recto ejercicio de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho caracterizado por la separación de poderes".

"Es inadmisible que se postule para un cargo del Poder Judicial utilizando su propia condición de diputado autonómico quien ha ostentado y, lo que es peor, ostenta en la actualidad altas responsabilidades políticas en un Tribunal" que, inciden, está "destinado además a enjuiciar a las personas aforadas de la comunidad autónoma entre los que podrían estar compañeros suyos del mismo partido político".

Y además ven "dudoso" que Mediavilla cumpla con los requisitos para alcanzar el puesto, por lo que piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), responsable final de la designación, que "ejerza su labor constitucional y controle que cualquier candidato a un Tribunal cumpla estrictamente con los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Según señalan, "pasar directamente de la política a la Judicatura y más a un Tribunal destinado al posible enjuiciamiento de los miembros del Ejecutivo y Parlamento autonómicos no deja de ser una distorsión del sistema que afecta a la credibilidad del Estado de Derecho" y que "provocará el lógico asombro de los ciudadanos quienes verán en ello un dato incuestionable de la politización del tercer poder del Estado".