El secretario general de CCOO, Paco Molina, ha reclamado este lunes a la delegada del Gobierno, Ana Botella, que esté "alerta" y "atenta" para que las transferencias que hace el ejecutivo central a la Comunitat Valenciana sigan siendo de "responsabilidad pública y de gestión pública".

Molina, tras entrevistarse con Botella, ha advertido que "lo que no puede ser moneda de cambio es la prestación de servicios públicos y el compromiso por lo público, por las infraestructuras públicas y por la tutela pública de bienes esenciales para el conjunto de la ciudadanía".

En este sentido, ha reclamado a Botella que la Delegación del Gobierno esté "muy alerta" y "muy atenta a lo que son transferencias del ámbito estatal a la comunidad autónoma de responsabilidad pública" para que sigan siendo de "responsabilidad pública y de gestión pública".

Sobre esta cuestión, ha citado expresamente a las escuelas infantiles "sobre las que se quiere hacer que la gestión tenga un carácter privado".

La delegada ha recogido la "inquietud" de CCOO "hacia la posición del sector público en la Comunitat Valenciana" y por "cómo determinados recursos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España para el desarrollo de políticas muy próximas a los ciudadanos, como son la educación, la dependencia, sanidad o inmigración, no están siendo debidamente aprovechados".

La comunitat, "DESBORDADA"

Según ha indicado, "la propia Comunitat se ve desbordada en esa capacidad de recursos que se le transfiere y no los saben gestionar", de forma que "hay recursos que va a tener que, posiblemente, reintegrar, porque no se han aprovechado", algo que, ha dicho, "contrasta mucho con esa política del victimismo tan reiterada por parte de la Generalitat".

Por ello, ha lamentado la "sinrazón" que supone "una continua petición de recursos por parte de del Gobierno de España si luego no se es capaz de asimilarlos y gestionarlos debidamente".

En ese sentido, ha hecho referencia al Plan Educa 3 o a determinadas inversiones en justicia, ya que "15 juzgados no van a poder ser puestos en marcha después de la disposición que tiene el Gobierno de España para poderlos dotar de esas infraestructuras necesarias para una administración más próxima y más eficaz, porque no tienen medios por parte de la Generalitat".

Por otro lado, Molina le ha reclamado a la delegada que intervenga, a través de la inspección de trabajo, y paralice el expediente de regulación de empleo presentado por el ayuntamiento de Alboraya, medida que CCOO no comparte "de ninguna de las maneras" ya que a su juicio no es correcto que se le dé trato de empresa privada.

En este sentido, la delegada ha manifestado la intención de tener "un seguimiento muy puntual, porque en determinados ayuntamiemtos se está viendo como una transferencia de recursos a través de empresas públicas tanto en medios materiales como humanos que puede suponer una huida de lo público en la debida gestión y transparencia".

Asimismo, ha indicado que la inspección de trabajo "realizará la tarea correspondiente y nosotros estaremos muy atentos a esta situación".

Paralelamente, Molina se ha congratulado por la apuesta por el Corredor Mediterráneo y ha trasladado a Botella la necesidad de que las instituciones realicen "inversiones en producción y en infraestructuras que dinamicen y que impulsen la economía para generar puestos de trabajo".