El Parlamento andaluz instará este martes a la Cámara de Cuentas a realizar un informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta durante el período comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010, ambos inclusive, según se recoge en sendas propuestas a iniciativa del Ejecutivo y del PSOE.

Estas iniciativas serán objeto de un debate conjunto que se desarrollará en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento que se celebra este martes, donde también se debatirá una iniciativa fiscalizadora del PP-A sobre el mismo asunto.

Mientras que las iniciativas fiscalizadoras del Consejo de Gobierno y del PSOE coinciden en su contenido, la del PP-A plantea que la Cámara de Cuentas lleve a cabo una fiscalización de carácter integral sobre expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por la Consejería de Empleo, así como de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por regulaciones de empleo y a empresas en procesos de reestructuración o en crisis, sin especificar plazo.

En la exposición de motivos de la iniciativa fiscalizadora planteada por el Consejo de Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que la situación económica en las empresas radicadas en Andalucía tiene una gran repercusión en el mercado laboral y que ello determina que las administraciones públicas pongan en marcha, entre otras actuaciones para dar respuesta a la crisis económica y sociolaboral, la concesión de ayudas sociolaborales.

Se indica que el objetivo de las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis es "facilitar la reestructuración de las empresas con dificultades económicas transitorias, a fin de que puedan afianzar su posicionamiento y, con ello, garantizar su viabilidad y mejorar la competitividad de las mismas".

Recuerda que el artículo 4 de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía atribuye a este órgano, entre otras funciones, la de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y en general de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos.

Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparecerá el jueves en comisión parlamentaria para informar en un debate agrupado, por un lado, según una iniciativa de PP-A, "sobre el procedimiento, gestión e irregularidades" producidas con las ayudas de la Unión Europea para la creación de empleo estable" y, por otro, de acuerdo con una iniciativa de IU-CA, acerca del uso y "destino indebido de los fondos destinados a políticas de empleo y a empresas, tanto propios como provenientes de la UE".