El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés que cumpla las obligaciones asumidas en un decreto y se haga cargo de la astacifactoria de Cañizar del Olivar (Teruel) para que pueda servir eficazmente a los fines de repoblación previstos en el plan de recuperación del cangrejo de río común.

El Justicia se ha pronunciado así tras recibir una queja de un ciudadano respecto a la citada astacifactoria, en la que informa del nuevo episodio de mortandad de una de las mayores colonias de cangrejo autóctono en su medio natural, la balsa Hoya Rubia, también denominada Barranco de la Plata, en el término municipal de Cañizar del Olivar.

Esta institución ha recordado que en mayo de 2006 el Gobierno de Aragón estableció un régimen de protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y aprobó el plan de recuperación.

Asimismo, en octubre de 2008 el Ejecutivo aragonés aceptó la cesión gratuita del uso de dos fincas, acordada por el Ayuntamiento de Cañizar del Olivar, destinadas a la ubicación de una astacifactoria, que se refleja en otro decreto y que "parece responder al cumplimiento de estas obligaciones impuestas en el plan de recuperación".

El Departamento de Medio Ambiente queda obligado y comprometido a mantener en buen estado las instalaciones y a hacerse cargo de las obras de adaptación necesarias en cada momento para el cumplimiento de sus fines, previa comunicación al Ayuntamiento.

Asimismo, se fija que la gestión de la astacifactoría corresponderá al Departamento de Medio Ambiente, si bien las decisiones que se tomen sobre el funcionamiento de la astafactoría deberán ser comunicadas al Ayuntamiento.

Además, es responsabilidad del Departamento de Medio Ambiente dotar al terreno de los servicios de agua, luz, saneamiento, medidas necesarias de seguridad, necesarias para la astacifactoría.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Cañizar del Olivar se ha manifestado que el convenio no se cumple y reclama al Departamento de Medio Ambiente las actuaciones precisas para que abonen el importe de las facturas pendientes y se hagan cargo de la gestión aceptada mediante el expresado decreto, según se recoge en el expediente elaborado por el Justicia sobre esta cuestión.