La Generalitat valenciana asegura que los contratos adjudicados a Santiago Calatrava "lo han sido con pleno respeto a la normativa que resulta de aplicación tanto a CACSA —Ciudad de las Artes y las Ciencias— como a SPTCV —Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana—".

En un comunicado, se ha referido así a las "acusaciones vertidas por representantes de EUPV" tras presentar una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción para que investigue esos contratos de la Generalitat con el arquitecto valenciano al considerar que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y a la Hacienda Pública".

En concreto, alude a las manifestaciones realizadas por la coordinadora de EUPV y diputada autonómica del grupo de no adscritos en las Corts Valencianes, Marga Sanz, y por los parlamentarios Marina Albiol y Lluís Torró, firmantes todos ellos de la denuncia.

La Generalitat considera que la denuncia y las manifestaciones posteriores de éstos "pueden ser constitutivas de delito tipificado en el código penal", por lo que indica que "las sociedades públicas anteriormente referenciadas se reservan el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes en defensa del interés general".

En el comunicado, recalca que CACSA y SPTCV "han sido sometidas anualmente a auditorías por empresas independientes" y que, posteriormente, su actividad también "es fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas, sin que se haya detectado ningún motivo que haya dado lugar a la determinación de responsabilidad contable".

La Generalitat asegura que "no existe incumplimiento de la normativa fiscal" dado que la sociedad Santiago Calatrava GMBH carece de establecimiento permanente en España y, en ese caso, "se produce la inversión del sujeto pasivo, por lo que la entidad pagadora de los honorarios debe autorrepercutir el IVA".

"habitual" fijar honorarios según precio real de ejecución

También recalca que "no existe infracción de la normativa en cuanto a la determinación de los honorarios" de Calatrava, ya que los contratos suscritos están "amparados" por el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y sostiene que "la determinación de honorarios profesionales de un arquitecto en función del precio real de ejecución de las obras no es contraria a Derecho, sino habitual en este tipo de contratos".

En cuanto al abono de esas cuantías, indica que se han abonado los honorarios correspondientes a las entregas de los anteproyectos, proyectos básicos, master plan, entre otros documentos, "de acuerdo con lo previsto en los documentos contractuales suscritos".

La Generalitat precisa que esos proyectos "obran en poder de las sociedades públicas y responden al trabajo encomendado" y remarca que "las posibles discrepancias que puedan haber existido en orden al desarrollo futuro de los mismos a través de los proyectos de ejecución no pueden confundirse con la realidad de la entrega de unos trabajos profesionales y la obligación de satisfacer los honorarios pactados".

En cuanto al inicio de las obras del Centro de Convenciones de Castellón, indica que actualmente está "a la espera" de que el Ayuntamiento de la ciudad "entregue el suelo a la SPTCV" tras una "demora" debida a la "difícil tramitación" de la modificación puntual del PGOU de Castellón requerida, "con impugnaciones en sede judicial que obligan a esperar la resolución de los Tribunales de Justicia".

Recuerda asimismo que, en virtud del protocolo suscrito en diciembre de 2007, SPTCV asumió la obligación de contratar la redacción de los proyectos y ejecución de las obras, mientras que el Ayuntamiento debe encargarse de la tramitación del planeamiento y la obtención del suelo para su ejecución.

Líneas de crédito "reflejadas" en los presupuestos

La Generalitat subraya que, en sus presupuestos de los últimos años, "aparecen reflejadas las líneas de crédito concretas con los importes que el Consell destina a estos proyectos" y que, en concreto, sus cuentas de 2011 recogen la venta de la parcela M-3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Respecto a las Torres junto al complejo, remarca que "desde la formalización del encargo a Santiago Calatrava hasta la fecha, las partes han estado trabajando para su ejecución", que se ha visto "dificultada hasta el momento" por la "difícil coyuntura económica que atraviesa el país en estos momentos, y la actual situación del sector inmobiliario privado".

Apunta asimismo que la Generalitat sacará a subasta la parcela en la que se planeaba la realización de las Torres de Calatrava, junto con el proyecto de construcción de las mismas.

"contestadas" todas las preguntas de la oposición

En su comunicado, defiende asimismo que "todas las iniciativas parlamentarias" presentadas por los grupos de la oposición en las Corts "han sido contestadas, o la documentación ha sido puesta a disposición de los mismos".

Es más, incide en que "en uno de los casos, las manifestaciones realizadas por los denunciantes se basan en la exhibición del expediente administrativo, lo que —a su juicio— evidencia la absoluta transparencia de las sociedades públicas".

Por todo lo anterior, concluye que tanto la denuncia de EUPV como las manifestaciones posteriores "pueden ser constitutivas de delito tipificado en el código penal, por lo que las sociedades públicas anteriormente referenciadas se reservan el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes en defensa del interés general".