La titular del juzgado que investiga posibles irregularidades en la concesión de Expedientes de Regulacion de Empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha insistido este viernes en que el gobierno andaluz le facilite las actas de sus reuniones porque "ni son reservadas ni son secretas".

La jueza ha notificado este viernes a las partes un auto en el que reitera su petición al Ejecutivo autónomo después de que este anunciase el martes que se negaba a esa entrega, porque consideraba que esos documentos eran reservados, según han informado fuentes del caso.

Alaya señala en el auto que "ni los documentos, ni las deliberaciones o votaciones interesan a la investigación" sino "solo los acuerdos y las demás circunstancias que deben figurar en las actas".

La jueza pide, al igual que ya hizo en otro auto del 21 de marzo, las actas de las reuniones del gobierno andaluz desde el año 2001 porque es la fecha del acuerdo marco que ha servido para que se hayan otorgado "ayudas excepcionales durante aproximadamente una decada", señala el auto judicial a cuyo texto ha tenido acceso Efe.

Tras afirmar que "lejos del ánimo de esta instructora obligar a la administración autonómica a desvelar extremos que sean materia reservada", Alaya señala que "resulta paradójico que durante 10 años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo y que ahora se extrañe que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello".

Por otra parte, la juez también ha dictado una providencia en la que cita a la representación legal de la Junta de Andalucía para que el próximo lunes se pronuncie personalmente sobre "si mantiene su requerimiento de inhibición por incompetencia" hacia este mismo juzgado.

Según la providencia, el gabinete jurídico de la Junta había presentado un escrito en el que se requería esa inhibición, por lo que ahora solicita que el lunes ratifique si mantiene esa petición.

Este auto de la juez se produce después de que el pasado martes, el gobierno andaluz anunciara que no iba a entregar las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años, porque según dijo la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, los servicios jurídicos de la Junta consideraban imposible "levantar la reserva con carácter general e indiscriminado" de las actas de las reuniones.

El Ejecutivo andaluz anunció también que enviaría al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" acompañado de una oferta para enviarle todos los informes y acuerdos adoptados "sobre el caso".

El Gobierno regional no consideró necesario aportar a la magistrada los acuerdos administrativos relacionados con otros asuntos y, según Moreno, iba a proponer al juzgado la remisión de los documentos a través, no de las actas, sino de otras vías como certificados de los acuerdos del Consejo de Gobierno que estuviesen relacionados con el asunto.

En el caso de que la juez no lo aceptase, el Gobierno de la Junta entendería que "se entra en un conflicto de competencias", por lo que en esa hipótesis barajaría denunciar el asunto ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Tribunal Supremo (TS), dijo Moreno.