La Inspección de Trabajo de Murcia ha culminado una operación que ha permitido detectar en el primer trimestre del año un fraude de seis empresas que vendían contratos en los sectores de construcción, agrario, hostelería y comercio, por un precio que oscilaba entre los 300 y 600 euros, a fin de perfeccionar los distintos periodos de carencia para el disfrute de prestaciones y/o tramitar renovaciones de autorizaciones de residencia de trabajadores extranjeros.

Estas empresas habían generado una deuda por impago de cuotas de 772,826,29 euros, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo en un comunicado.

Como resultado de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo, han resultado anuladas 602 altas fingidas de trabajadores, que habían producido más de 900 periodos de permanencia tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en el Régimen Especial Agrario y se ha procedido a la extinción de prestaciones y subsidios por desempleo indebidamente percibidos por importe de 566.474,46 euros. Además, se ha impedido el cobro de 1.008.370,43 euros que se corresponden con las cantidades pendientes de percibir por el mismo concepto.

A fin de evitar que las altas indebidamente tramitadas pudieran servir a los fines ilícitos propuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a la anulación de todos los movimientos practicados, entre ellos la extinción de prestaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, con el resultado de 72 altas de trabajadores anuladas, prestaciones extinguidas por importe de 124.997,57 euros e impedido el cobro de otros subsidios por importe de 186.420,25 euros.

Una vez finalizadas las actuaciones inspectoras en Murcia, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras detuvo a nueve personas por distintas falsedades documentales, estafa y fraude a la Seguridad Social, entre las que se encuentra el titular de una empresa de carácter ficticio, dedicada al comercio de carne al por menor en la localidad de Santiago de la Ribera.

La operación se enmarca en el Plan específico para el control de empresas ficticias sin actividad real, que simulan mantener relación laboral con trabajadores para la obtención indebida de éstos de prestaciones de Seguridad Social, la obtención de autorización para trabajar para extranjeros u otros supuestos, como el cobro de indemnizaciones o de prestaciones de maternidad.

Dicho plan dio lugar a un protocolo de colaboración con distintos organismos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.