Alborch reclama a Barberá que impulse la negociación para impedir la construcción del hotel de Jesuitas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha solicitado a la alcaldesa, Rita Barberá, que impulse la negociación con el propietario de la parcela de Jesuitas, el promotor Antoni Mestre, para impedir la construcción de un hotel de once plantas junto al Jardín Botánico.
Carmen Alborch
Carmen Alborch
PSPV

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre la legalidad de la construcción del inmueble, Alborch pide un nuevo impulso a la negociación iniciada con Mestre para trasladar la edificabilidad de la parcela a otra zona de la ciudad, pues el hecho de que la construcción del hotel sea legal "no implica necesariamente que sea conveniente para la ciudad", ha argumentado.

En este sentido, la representante socialista ha considerado que la solución al conflicto de Jesuitas debe contemplar una doble vía. Por un lado, la presentación para su aprobación del Plan Especial de Protección del entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Jardín Botánico y la Iglesia de San Miguel y San Sebastián —al que obliga la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano desde 1998, encargado en 2002 y todavía no presentado—, sin incluir edificabilidad y grafiando los actuales terrenos de jesuitas como zona verde.

Por otro lado, concluir las negociaciones iniciadas con la propiedad para firmar un convenio que permita el traslado a otros espacios de la ciudad de los 16.445 metros cuadrados de techo previstos para el solar de Jesuitas.

Alborch ha manifestado que la permuta es "perfectamente viable", como demuestra el convenio firmado con los propietarios del antiguo pabellón Marcol a cambio de edificabilidad en el sector de Malilla, para construir un centro deportivo en el barrio de Nou Moles.

De la misma manera, el equipo de gobierno ya trasladó parte de la edificabilidad de Jesuitas a terrenos del sector Campanar Sur. Anteriormente, el equipo de gobierno socialista redujo la edificabilidad de la parcela a la mitad en el PGOU de 1988 sin coste alguno para la ciudad.

Comunidad Valenciana

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