Cuatro grandes municipios andaluces como son Jerez de la Frontera (Cádiz), los malagueños de Antequera y Vélez-Málaga, y Utrera, en Sevilla, han dado su visto bueno a una moción presentada por la Plataforma 'Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s' en el marco de la campaña 'Aquí Vivo Aquí Voto', para el reconocimiento del derecho al sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes.

De esta manera, los ayuntamientos de Jerez, Antequera, Vélez-Málaga y Utrera son los que por el momento han aprobado esta moción, que ha sido presentada además en la práctica totalidad de los ayuntamientos y diputaciones de las capitales andaluzas, según informa la plataforma en una nota.

La moción, según recuerda, denuncia que un millón y medio de personas que residen legalmente, trabajan y pagan sus impuestos en España están privados de decidir quién les gobierna, por no ser nacionales de países con los que el Gobierno ha firmado acuerdos.

Fruto de estos convenios sólo un 2 por ciento de la población inmigrante tendrá derecho a voto en las próximas elecciones municipales. "Esto supone un déficit democrático difícil de justificar", alerta.

Las entidades que pertenecen a la plataforma se congratulan por la aprobación de las mociones y esperan que éstas sienten un precedente para el reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes.

Además, destacan el caso de Vélez-Málaga, donde la moción ha sido aprobada por unanimidad. La campaña, que ya ha recabado el apoyo de más 80 entidades de toda España, pretende la modificación de la Constitución en su artículo 13.2 para que las personas inmigrantes que residen en este país tengan acceso a este derecho en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.

De este modo, España se aproximaría a la situación que se disfruta en otros muchos países del entorno europeo, como Irlanda, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos o Luxemburgo, que tienen reconocido este derecho con normalidad, en algunos casos desde hace décadas.

La Plataforma 'Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s' pide al Gobierno que elimine todas las trabas legales que obstaculizan el acceso al sufragio activo y pasivo de los inmigrantes y que no limite este derecho a los convenios de reciprocidad entre países que dejan fuera a numerosos estados, crea categorías dentro de los mismos colectivos y abre la puerta a la discriminación con países que coyunturalmente o políticamente sean interesantes para España.