El ex conseller de Turismo del Govern, Francesc Buils, ha asegurado en calidad de imputado ante la jueza instructora del caso Voltor que no recibió instrucción alguna de la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, de cara a la contratación presuntamente irregular por parte del Govern de la esteticista de la ex dirigente de UM, por un importe de unos 85.000 euros, para analizar los spas de los hoteles de Baleares.

"No recibí ninguna llamada de Munar ni del entorno de la misma", ha incidido el encausado durante su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, en la que ha aseverado que en relación a estos hechos se limitó a participar en dos reuniones -una en 2006 como conseller insular de Presidencia y otra en 2008 como conseller de Turismo- en las que la adjudicataria, Marisol Carrasco, expuso su proyecto para la catalogación y clasificación de spas.

En cualquier caso, el ex alto cargo 'uemita' ha aseverado en relación a las cuestiones públicas Munar "no me ha llamado nunca" y ha asegurado que no tenía conocimiento de que Carrasco "había tenido relación" con la también ex presidenta del Consell. "Nadie me dio instrucciones para recibir a la señora Carrasco por la relación que tenía con Munar", ha abundado el encausado, asistido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón.

Tal y como ha detallado, en el primero de los encuentros la esteticista expuso un proyecto turístico sobre salud y belleza sin que en ese momento "se llegase a nada". Ya en la segunda reunión, Carrasco acudió "junto a otros dos señores que no recuerdo bien" -en relación a Juan Carlos Pujol y Josep Lluís Capllonch, socios de Carrasco en el Instituto Balear de Catalogación y Clasificación de Spas (IBCCS)- en la que "aparte de comentar que el proyecto era bonito no se hizo nada más".

Afirma que el proyecto se impulsó tras su dimisión

"Se acordó que se llevaran a efecto las gestiones oportunas a fin de ver si se podía sacar adelante el proyecto, pero no di ninguna orden al respecto", ha subrayado Buils, quien ha recordado que dimitió después por "desacuerdos" con UM, por lo que "no supe nada más del proyecto". De este modo, ha aseverado que si la puesta en marcha de la iniciativa se produjo tras su dimisión, no pudo ejercer "influencia alguna" en el proceso de contratación.

Las investigaciones de esta pieza separada del caso Voltor apuntan a que Carrasco se habría beneficiado junto a Pujol y Capllonch de varios contratos menores para catalogar los balnearios de las instalaciones hoteleras. De este modo, los tres habrían facturado de la Conselleria de Turismo, a través del Inestur, un total de 85.000 euros de forma irregular, parte de los cuales fueron obtenidos mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que se presentaron tres empresas relacionadas entre ellas.