El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) espera que el Gobierno central "cumpla el compromiso adquirido ante los ganaderos" y apruebe este viernes, día 1 de abril, el Real Decreto que establece la obligatoriedad de utilizar contratos homologados en el sector lácteo.

"Un texto normativo que regulará las relaciones entre la industria, la distribución y los productores y le otorgará a estos un mayor protagonismo en las relaciones comerciales", subraya la central agraria en un comunicado.

Para UU.AA., la aprobación definitiva de este reglamento supone "un gran avance para la modernización del sector, al mismo tiempo que se convierte en la garantía de la normalización del mismo".

La organización agraria, añade, confía en que el nuevo texto recoja "una de sus principales alegaciones", que consiste en la creación de una figura de mediador "que actúe como árbitro en caso de no entendimiento entre la industria y los productores".

"Es fundamental", incide, ya que esta figura, apunta, emitirá un dictamen que fijará los precios de la leche "teniendo en cuenta criterios y parámetros objetivos". Con esto, se garantiza al ganadero que estén cubiertos los costes de producción, resalta, "lo que dotará de mayor estabilidad financiera y económica a las explotaciones".

Además, UU.AA. apuesta por que el nuevo decreto "contribuya a reducir el diferencial de precios entre España y los Estados miembro de la Unión Europea". Tal y como reflejan las últimas estadísticas de precios, mientras en 2010 y enero de 2011 los 100 litros de leche española se pagaron a 29,50 euros; en Alemania se abonaron 31,14 euros: "1,64 euros más".

En Francia, la diferencia es de 1,63 euros, al alcanzar los 31,13 euros y, en Holanda, de 2,28 euros, ya que la cantidad entregada por cada 100 litros se situó en 31,78 euros. El diferencia, avisa el sindicato, es "mayor aún en el caso de Galicia, donde se pagó la leche por una media de 0,48 euros menos que en España".

Referenciación de precios

La central concluye "reiterando" la necesidad de que el texto normativo "cierre un acuerdo" sobre la referenciación de los precios de la leche, al mismo tiempo que solicita que se establezca un periodo transitorio a la entrada en vigor de la norma en el que se solucionen "posibles diferencias que puedan generarse inicialmente".

Por último, demanda "el máximo compromiso político y administrativo por parte de las Administraciones autonómica y estatal" para solventar una de las carencias de la nueva norma: "el hecho de que carece de régimen sancionador".