Portugal ha reconocido este jueves que su déficit fiscal fue muy superior a lo anunciado oficialmente en 2009 y 2010 por las pérdidas de grandes empresas públicas de transporte y de un banco nacionalizado, que no se habían incorporado aún a sus cuentas.

El ministro de Finanzas luso, Fernando Teixeira dos Santos ha informado de que, con esas partidas, que ya eran conocidas por las autoridades europeas y estaban pendientes de clarificación contable, el déficit fiscal del año pasado queda en el 8,6%, y no el 7,3% que había anunciado el Gobierno. En el caso de 2009, el déficit luso se ajusta ahora en el 10% y no el 9,4% en que se había situado, lo que implica, al igual que en el ejercicio siguiente, que Portugal no cumplió los compromisos presupuestarios que había anunciado.

No obstante, Teixeira dos Santos aseguró, en declaraciones a los periodistas, que la actualización de las cifras del déficit luso por cuestiones "metodológicas" no afecta a este año, y que el Gobierno, que dimitió la semana pasada, mantiene los objetivos presupuestarios anunciados a Bruselas para 2011 y los ejercicios siguientes. El ministro también expresó su confianza en que Portugal pueda superar los problemas financieros sin recurrir a un rescate, como pronostican muchos expertos.

Además Teixeira dos Santos subrayó que el actual Gobierno en funciones, que renunció al rechazar el Parlamento su último plan de ajuste económico, "no tiene legitimidad, ni condiciones para negociar lo que fuera necesario en ese sentido". El ministro defendió que las cifras anunciadas por el Ejecutivo socialista de Sócrates se ajustaron en su momento a las "reglas" aplicables, que han sido alteradas por Eurostat, la entidad europea que avala las estadísticas de cada país.

El Instituto Nacional de Estadística luso (INE), que fue el organismo que formalmente ajustó la contabilidad lusa, explicó que se había hecho por exigencia de la institución comunitaria tras cuestionar la metodología portuguesa. La actualización de las cuentas lusas proviene de las pérdidas, de casi 2.000 millones de euros, acumuladas por el Banco Portugués de Negocios (BPN), nacionalizado hace dos años por graves irregularidades, y de otros 883 millones de la empresa nacional de ferrocarriles y las del metro de Lisboa y Oporto, también públicas.

"El Gobierno hará todo para no faltar a los compromisos del Estado portugués, pero pedir ayuda no", afirmó Teixeira dos Santos al dar a conocer la situación contable. Mientras el ministro informaba de las nuevas cifras del déficit público luso los intereses de su deuda mantenían un ascenso imparable en el corto plazo, con dos semanas de subidas históricas. El bono a cinco años escaló hasta el 9,32 % en medio de las especulaciones sobre un inminente rescate de Portugal en tanto las obligaciones a dos años llegaban al 8,43 %.

Por otra parte, el Tesoro luso ha anunciado una subasta de bonos en dos líneas a seis meses y un año, con un montante indicativo de entre 750 millones y 1.000 millones de euros, cuando la dificultad de Portugal para financiarse en los mercados se recrudece por los intereses récord exigidos.

La penalización de los títulos portugueses sigue sin freno y los de a cinco años ya están por encima del 9,5%, después de que el Gobierno portugués en funciones comunicase los verdaderos datos del déficit.  En la última subasta de Tesoro, el pasado 16 de marzo, se colocaron 1.000 millones de euros en deuda a doce meses a un interés del 4,331% frente al 4,057 % de la última emisión similar, el pasado 2 de marzo, y la demanda superó a la oferta en 2,2 veces.

Ya en la tarde de este jueves, el presidente de la República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, anunció la disolución de la Asamblea y una convocatoria anticipada de elecciones legislativas, que se celebrarán el próximo 5 de junio para resolver la crisis política abierta la semana pasada con la dimisión del primer ministro, José Sócrates.

En una declaración oficial en el Palacio de Belém, Cavaco Silva se dirigió al país para dar cuenta de la convocatoria electoral tras oír al Consejo de Estado sobre una posible disolución de la Asamblea, tal y como exige la Constitución, y recibir al primer ministro en funciones, José Sócrates, en el marco de las reuniones que ambos mantienen semanalmente.