El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha cifrado hoy en 951,2 millones de euros la "deslealtad" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la Comunidad mediante la aplicación de políticas del "yo invito y tú pagas", lo que supondría una media de 1.240 euros por familia al año.

De Santiago-Juárez ha informado este jueves de estas cifras que se extraen del informe encargado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos lo que ha supuesto la "deslealtad" del Gobierno central con la Comunidad con la asunción de medidas "unilaterales" que finalmente tienen que sufragar las comunidades autónomas.

"Nos culpan del déficit cuando nos obligan a gastar más", ha avanzado De Santiago-Juárez, quien ha señalado que en el documento hecho público este jueves tras la celebración del Consejo de Gobierno no se ha "regateado" hasta el último "céntimo".

Para el portavoz de la Junta los 951,22 millones de euros desvelan la "deslealtad" de Zapatero con una Comunidad que "es la suya, al menos de nacimiento", y que obliga a realizar un "esfuerzo" que supone "retraer" dinero de otras partidas.

La partida de mayor cuantía corresponde a los 724 millones de euros reclamados por la Junta como consecuencia de la aplicación del sistema de financiación para 2011, un punto en el que el consejero de la Presidencia ha señalado que el Ejecutivo regional ya ha firmado el escrito con el Gobierno para la próxima reunión de la Comisión Bilateral en la que se negociará esta reclamación.

Así, tras la firma de este escrito, que deberá publicarse en el Bocyl y en el BOE el mismo día— el próximo mes de abril—, el Tribunal Constitucional da a Castilla y León otros seis meses más de plazo para presentar un recurso y reclamar los 724 millones de euros, ya que en un principio disponía de tres meses, plazo que concluyó el pasado 22 de marzo.

La segunda partida más elevada por cuantía es la correspondiente a la financiación de atención de la dependencia, que supone un gasto medio anual de 166,5 millones de euros, seguido de los 25 millones de euros del Plan Espacial de Empleo; 16,2 millones de la implantación de medidas educativas; siete millones de la "reducción" de ingresos por la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; 4,4 millones para la integración de población inmigrante; cuatro millones en programas de protección de violencia de género; un millón de los programas de policía judicial y otro de la financiación de prestaciones de salud bucodental.

Por debajo del millón de euros se sitúan los 850.000 euros de la suspensión de fondos de cohesión de deshabituación tabáquica;750.000 euros de la "suspensión" de fondos provenientes del Instituto Carlos III para el proyecto Centro en red de Terapia Celular y Medicina Regenerativa; 500.000 de la reparación de las casas cuartel de la Guardia Civil y 40.000 del incremento de obligaciones de las juntas arbitrales.

Como ha explicado el portavoz de la Junta el objetivo de sumar todas estas cifras que ya han sido reclamadas al Gobierno central en distintos foros como en conferencias sectoriales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es dar a conocer su repercusión a los ciudadanos.

En este sentido, De Santiago-Juárez ha dejado claro que en este caso no se habla de "incumplimientos", cuya cuantía ascendería a en torno a los 1.700 millones de euros en partidas como la paralización de obras o el incumplimientos de acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros para la Comunidad.