Jesús Manuel Rubio Merino, el funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real que encargó a una agencia de detectives espiar a varios miembros del Equipo de Gobierno, ha pedido al Consistorio un total de 186.466 euros por el acoso laboral que asegura haber sufrido.

En una reclamación previa interpuesta ante el Ayuntamiento, Rubio, funcionario del Ayuntamiento desde el 1 de noviembre de 2007, asegura haber sufrido acoso laboral del director general de Arquitectura y Obras, Emilio Velado, del concejal de Obras y Mantenimiento, Vicente Gallego, del concejal de Recursos Humanos, Miguel Ángel Poveda, del concejal de Urbanismo, Francisco Cañizares, del director de Recursos Humanos, Francisco Emilio Zúñiga, y de la alcaldesa, Rosa Romero.

Rubio, funcionario interino destinado como jefe de Servicio a la Dirección General de Arquitecturas y Obras, asegura que desde mediados del 2008 comenzó a sufrir un "vaciamiento" en las funciones que se le atribuían, así como "represalias personales y aislamiento social y profesional".

Esta situación, agrega, le supuso una baja por incapacidad temporal de 18 meses, "durante la que continuó el acoso desde el Ayuntamiento pero en círculos externos del mismo" y otra segunda incapacidad temporal —en la que se encuentra en estos momentos— "ocasionada por el agravamiento de las conductas denunciadas tras incorporarme al trabajo al finalizar" la primera incapacidad temporal.

Como colofón, añade, en noviembre de 2010 se le inició un expediente disciplinario por una "supuesta falta muy grave" consistente en la vulneración de las normas sobre incompatibilidades en ocho expedientes que dieron lugar a "distintos visados del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real, vulneración en absoluto producida".

En su escrito, Rubio señala que en el acoso han partido de forma activa todas las personas anteriormente nombradas, a excepción de la alcaldesa, que a su juicio participó de forma "pasiva", ya que era "perfectamente conocedora de la situación de acoso" pero "nada hizo para ponerle fin".

Rubio pide al Ayuntamiento 72.397 euros por los daños morales derivados de su desocupación profesional, por su "desacreditación" y por las "humillaciones sufridas ante los demás". Por daños en la salud solicita otros 72.397 euros y otros 37.672 euros por el "perjuicio económico directo ocasionado".