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Ute fcc-Lumsa y Resenetma -filial de Melchor Mascaró- han alegado que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación "impuesto" por la Institución Insular en el sistema de recogida selectiva, por el que sufrieron un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno".

Así consta en los escritos de alegaciones, a los que ha tenido acceso Europa Press, que los responsables de estas empresas, Enrique Francia (FCC-Lumsa) y María Mascaró (Melchor Mascaró), han presentado al juez instructor del caso Cloaca, que investiga una presunta sobrefacturación por parte de las concesionarias de este servicio, pese a que éstas defienden que no existen indicios de criminalidad en su actuación.

Tal y como refleja en su escrito la defensa de Mascaró, ejercida por el letrado Jaime Campaner, el Consell ha dejado de pagar 958.905 euros a la UTE mientras que en el caso de la otra unión de empresas, el letrado de Francia señala que los "continuos incumplimientos" de la Institución han provocado un "quebranto" de 2,1 millones.

Las defensas han presentado estos escritos después de que la Fiscalía Anticorrupción calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, por lo que podría solicitar una fianza civil superior a la cantidad presuntamente malversada.

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