La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha apelado ante el Pleno del Parlamento a la necesidad de que se produzca el "máximo nivel de consenso" para garantizar el máximo nivel de satisfacción con el nuevo modelo de gestión del Guadalquivir, y ha indicado que la encomienda de gestión transitoria "supone un dique de seguridad" en este momento. Según Moreno, si el Guadalquivir es un gran tesoro para Andalucía, el consenso político es "también un tesoro para la sociedad y los grupos".

La comparecencia de la consejera ante el Pleno de la Cámara se produce después de que la Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía acordara este martes que el próximo 4 de abril las dos partes firmarán un convenio que encomendará a la segunda la gestión durante los próximos seis meses de las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por la región, mientras que se alcanza una solución definitiva, después de que el Tribunal Constitucional anulase el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, que atribuía a Andalucía las competencias exclusivas sobre las aguas que transcurren por su territorio.

En dicha comisión participaron, por parte del Gobierno central, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar y, por parte de la Junta, los consejeros de Presidencia; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo.

Mar Moreno ha querido dejar claro que el objetivo del Gobierno andaluz es conseguir "la mejor gestión posible" del Guadalquivir, de manera que desde que se tuvo conocimiento del fallo del Tribunal Constitucional, las actuaciones han estado marcadas por la celeridad, la excepcionalidad y por el diálogo.

Según Moreno, estamos ante una situación jurídica excepcional porque nunca antes se había producido la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de un Estatuto de Autonomía que se está desarrollando, al tiempo que ha augurado una intensa y compleja labor en el seno de la subcomisión que se va a crear para dar una solución definitiva que concluya con un modelo que sea satisfactorio para todos.

Ha indicado que el "acuerdo debe estar en la solución definitiva" del asunto, entre los grupos políticos del Parlamento y con el Gobierno de España. Se ha mostrado convencida de que serán capaces de establecer la fórmula más adecuada en el marco estatutario y constitucional para que Andalucía siga ejerciendo el mayor protagonismo sobre la gestión del río Guadalquivir.

Ha insistido en que el Gobierno andaluz va "al máximo", en un nuevo escenario jurídico-constitucional. Ha dicho a los grupos de la oposición que si bien el máximo "nunca va ser al cien por cien", tampoco va a ser "una gestoría" y ha querido dejar claro que en este momento no estamos "ni mucho menos en un limbo jurídico".

"maniobras dilatorias"

Por su parte, el parlamentario del PP-A Carlos Rojas ha manifestado que ahora es el momento en que hay que restablecer el diálogo en base a la lealtad institucional y de buscar fórmulas plenamente respetuosas con la sentencia del TC y con la Constitución. A su juicio, hay que huir de atisbos provisionales o de "maniobras dilatorias" que pretendan ganar tiempo. En cuanto a la fórmula del artículo 150.2 de la Constitución, ha apuntado que habrá que tener en cuenta la naturaleza de la transferencia a delegar, apuntando que el TC ha dejado claro que no son susceptibles de traspasarse competencias exclusivas en la gestión.

A su entender, el Gobierno andaluz tiene que acatar la sentencia con seriedad y rigor, apuntando que si lo hace así, el PP estará ahí para apoyarlo. Ha querido dejar clara la "inequívoca lealtad institucional del PP con el Gobierno en este asunto" y ha reclamado soluciones estables que se ajusten a la Constitución y no soluciones "artificiosas". Ha aprovechado para manifestar que las políticas de la Junta en materia de agua se han "politizado en exceso", lo que provoca, tras la sentencia del TC, una situación de "limbo jurídico".

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha indicado que no se puede permitir que una sentencia "constitucionalmente exagerada nos cercene una de nuestras competencias más señeras". Ha valorado el resultado de las primeras decisiones entre el Gobierno y la Junta y ha reclamado un acuerdo de máximos, como el alcanzado en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía.

"No nos conformaremos con acabar siendo exclusivamente una gestoría del Guadalquivir", ha apuntando Valderas, quien ha querido dejar claro que su formación está por una posición común de máximos, articulada mediante un grupo de trabajo en el Parlamento. Ha estimado que el "brazo cortado" al Estatuto por la sentencia del TC debe ser repuesto mediante el artículo 150.2 de la Constitución.

El portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha indicado que es necesario un proceso de diálogo y acuerdo en Andalucía y, después trasladarlo al resto del Estado, para buscar una gestión cercana del Guadalquivir. Para que haya consenso, según Jiménez, es necesario que haya voluntad de diálogo.

Ha indicado que el Gobierno andaluz ha cumplido hasta este momento con garantizar, desde la transparencia y el diálogo, ese proceso de consenso "que tenemos que mantener en el trayecto que tenemos por delante y que va a ser difícil y complicado". Este proceso, a su juicio, no se debe aprovechar para hacer lecturas interesadas y ha manifestado que le preocupa enormemente la actitud con la que el PP va a afrontar este proceso y le ha pedido que esté "a la altura de las circunstancias".