El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha remitido un escrito a la juez Mercedes Alaya al objeto de que "se reitere" a la Administración autonómica "bajo apercibimiento" para que aporte las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de los últimos diez años que la magistrada ha reclamado en un auto.

En este sentido, hay que recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este martes no remitir a la juez las actas de sus reuniones de los últimos diez años por considerar que se trata de un requerimiento "indiscriminado" que "vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma", que acredita su carácter "reservado". Así, ha acordado ofrecer "vías alternativas" para conocer "idéntica información" a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos" adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el contenido íntegro de las actas, lo que permitiría no vulnerar la Ley.

En el escrito elevado este miércoles al Juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias solicita que, "ante la negativa de la Junta de aportar copias compulsadas de las actas del Consejo, manifestada públicamente, se solicita que se reitere a través de la representación procesal a la Junta, bajo apercibimiento, para que se aporten las referidas copias compulsadas de las actas desde el año 2001 hasta la actualidad", tras lo cual hace referencia a distintos aspectos de la legislación para advertir de que "resulta evidente que nos encontramos ante un posible delito de obstrucción a la Justicia, toda vez las deliberaciones sí son secretas, no así las actas que deben reflejar la transparencia".

De este modo, el sindicato hace referencia al artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativo al 'Deber de exhibición de entidades oficiales', que en su primer punto señala que "las dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, provincias, entidades locales y demás entidades de Derecho público no podrán negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales ni oponerse a exhibir los documentos que obren en sus dependencias y archivos, excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto. En este caso, se dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter".

De igual modo, y en su punto segundo, este artículo indica que "salvo que exista un especial deber legal de secreto o reserva, las entidades y empresas que realicen servicios públicos o estén encargadas de actividades del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las provincias, de los municipios y demás entidades locales, estarán también sujetas a la obligación de exhibición, así como a expedir certificaciones y testimonios en los términos del apartado anterior".

"presiones" a la juez

Asimismo, Manos Limpias fundamenta su petición en el artículo 31, 'Deber de secreto', de la Ley 6/2006 de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según la cual "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo acuerde hacerlos públicos", así como que "las deliberaciones del Consejo, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto, estando obligados sus integrantes a mantener dicho carácter, aún cuando hubieran dejado de pertenecer al Consejo".

Por su parte, el sindicato ha emitido un comunicado de prensa en el que señala que la negativa de la Junta a entregar las actas del Consejo de Gobierno "supone un delito de obstrucción a la Justicia y que se iniciará una nueva vía penal contra el responsable máximo de la Junta, José Antonio Griñán", añadiendo que la Junta "trata de presionar y coaccionar a la magistrada amenazándola con llevar el tema al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción".

"Las deliberaciones sí son secretas, no así las actas, que deben reflejar la transparencia, no opacidad, y que pueden y deben ser testimoniadas, máxime cuando se solicitan por resolución judicial", concluye Manos Limpias en la nota de prensa referida.