La Cámara de Comptos ha recomendado al Gobierno de Navarra "seguir mejorando los procedimientos de gestión de la protección a la dependencia" y le ha aconsejado que "complete su sistema de costes" al ser "conveniente integrar todos los gastos e ingresos relativos a la dependencia en un sistema cuyo saldo rea representativo del resultado de la aplicación de esta normativa para la Hacienda foral".

Así lo señala Comptos en su informe de fiscalización sobre la aplicación de la ley de Dependencia en Navarra, solicitado por el legislativo a iniciativa del PSN. En el mismo, el órgano fiscalizador destaca que "en términos generales, se ha cumplido con el plazo de 11 meses que señalaba la Cartera de Servicios Sociales de Navarra para el proceso de valoración y asignación de prestaciones y ayudas al dependiente".

Según el informe, desde 2007 hasta junio de 2010 se presentaron en Navarra 31.337 solicitudes para su valoración de dependencia. De esta cifra, más de 29.000 han sido resueltas, habiéndose considerado como dependientes a más de 24.000 personas en los distintos grados y niveles.

De los declarados dependientes, según Comptos, 13.100 reciben prestaciones garantizadas. De ellos, un 63 por ciento tienen asignados servicios (residencia, cuidado, traslados) y el 37 por ciento restante acceden a prestaciones económicas.

En la actualidad, detalla el informe de la Cámara de Comptos, de acuerdo con los datos presupuestarios, Navarra gasta 120 millones en atender a las personas dependientes, de los que la mayor parte corresponden a residencias, prestaciones a familias, transporte asistido y teléfono de emergencia.

La financiación del sistema de dependencia en Navarra, como en el resto de las comunidades, se realiza a través de las aportaciones de la Administración del Estado, de Administración Foral y beneficiario.

En los dos últimos años, según el órgano fiscalizador, el Gobierno de Navarra ha sido el principal financiador, con más del 60 por ciento, mientras que la aportación del Estado se ha mantenido en torno al 18 por ciento.

El desfase entre el peso de financiación de las administraciones es debido, según el Gobierno de Navarra, a que los módulos establecidos en el Estado son inferiores al costo real de los servicios y a una insuficiente dotación presupuestaria estatal para financiar el nivel acordado, recoge el informe.

Protección a la dependencia

La Cámara de Comptos de Navarra ya ha remitido al Parlamento foral este informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad. Tras explicar el marco normativo y la estructura administrativa dedicada a atender las prestaciones derivadas de dicha ley, la Cámara de Comptos analiza el procedimiento administrativo de las prestaciones por dependencia y ofrece datos sobre el número de personas acogidas a los beneficios de la misma.

Comptos valora que la protección a la dependencia es actualmente un sistema garantista, en el que las personas pasan a tener derecho a ciertas prestaciones sociales basadas en los criterios de universalidad, equidad y accesibilidad.

Asimismo, el órgano fiscalizador recuerda que el mismo día que se aprobó la ley de Dependencia en el Estado, el Parlamento de Navarra dio luz verde a la Ley foral de Servicios Sociales, convirtiéndose en la primera comunidad que configuró un sistema de protección social garantista de derechos de los colectivos afectados.

En este sentido, señala el informe, "la normativa foral supera las previsiones de la legislación estatal al contemplar en su ámbito de aplicación no sólo a las personas valoradas como dependientes sino también al resto de personas destinatarias de los servicios sociales".

La Ley de Dependencia entró en vigor en 2007 y está previsto que esté completamente aplicada en 2014. Según Comptos, hasta finales de 2010 se garantizaban las prestaciones a las personas con gran dependencia y con dependencia severa.

A partir de 2011, destaca la Cámara, la ley exige ofrecer prestaciones a los clasificados como "dependientes moderados" de nivel 2 y el desarrollo total llegará en 2014 con la atención a todo el colectivo de los dependientes.

Según la Cámara de Comptos, "este progresivo desarrollo exige una adaptación continua de las estructuras organizativas, funcionales y procedimentales de las administraciones, además de hacer frente al gasto que conlleva en un escenario económicamente complicado".