Uno de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), especializado en blanqueo de capitales, ha asegurado este martes que el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, inició sus ocupaciones vinculadas al Ayuntamiento marbellí en 1992 "y desde 1993 tenemos conocimiento de operaciones que le benefician hasta el momento de la detención", tal día como hoy hace cinco años.

Así, ha señalado que "es cierto" que hay una actividad empresarial "oculta" de Roca que coincide temporalmente con su vinculación con sociedades municipales y que las empresas que proporciona el gabinete jurídico, cuyos principales miembros están acusados, "sirven para efectuar determinados negocios cuya nota principal es la posición del señor Roca en la corporación", según ha indicado el fiscal en su interrogatorio en el juicio del caso 'Malaya'.

El agente, que ha declarado como testigo en el segundo bloque, ha explicado que la actividad policial se inició en noviembre de 2005 por la Udyco Costa del Sol y a los pocos días se incorporaron efectivos de su unidad de policía judicial y, luego, miembros de la Agencia Tributaria adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, hasta llegar a más de 50 personas. Ha precisado que "es la investigación más grande" que ha conocido en sus años en la sección de blanqueo.

Sobre la investigación, ha señalado que inicialmente el patrimonio de Roca "estaba oculto bajo la tapadera societaria" y aunque existían informaciones en las que se apuntaban a que determinadas sociedades podían ser de su propiedad "era imposible descubrir cuál era éste sino se aplicaban determinados tipos de investigaciones". Ha añadido que incluso Roca y los miembros del gabinete jurídico señalan en su primera declaración a que éste era un asesor del bufete.

Ha repasado, a preguntas del fiscal, informes que constan en la causa sobre las sociedades que inicialmente se vincularían a Roca, aunque "no figuraba como socio de la gran parte" de éstas; y estudios sobre la capacidad de ahorro de la unidad familiar. En este punto, ha insistido en que "desde el inicio existe una estructura societaria oculta que realiza una serie de actividades paralelas, en ese momento desconocidas, y que detenta un patrimonio considerable".

Asimismo, en uno de esos informes se hace referencia a un nivel de gasto "muy elevado" y ha manifestado que por las intervenciones telefónicas se sabe que "todas las personas que se interrelacionan con él lo llaman jefe" y aparecen, así, "indicios que nos llevan al convencimiento de que el propietario real de todo ese patrimonio, administrado por sociedades, no es el gabinete jurídico, sino Juan Antonio Roca Nicolás". 'Y'

Invertida y los archivos maras

Ha dicho que esta estructura "permanece oculta hasta mediados de 2006, después de que se han producido determinados hechos en el procedimiento", mencionando los archivos de la sociedad de Maras Asesores o "contabilidad de Roca". Así, ha explicado que se trata de una 'Y' invertida, siendo el palo "las aportaciones que efectúan una serie de empresario, una rama, la cuenta del Ayuntamiento para pagar alcaldes y concejales y la otra, los ingresos en su entorno directo".

Tras esto, ha relatado el investigador, a parte de los indicios, "determinados empresarios que se ven reflejados reconocen haber pagado a Juan Antonio Roca Nicolás" y ya en verano de 2006 éste admite "que el patrimonio es suyo y el gabinete jurídico, que son fiduciarios", reiterando que el principal acusado tiene "una situación de partida, respecto a ese patrimonio que le vinculamos, muy pequeña".

Sobre los archivos Maras, el agente ha indicado que "en esta contabilidad" se observa que "determinadas personas que se han ido identificando pagan por conseguir resoluciones del Ayuntamiento", entre 2004 y 2006; y que "una vertiente de esos fondos se dirige a la estructura societaria de Roca y a una cuenta bastante importante", con 12 millones de euros, de los que "gran parte" se dirige a la compra de bienes suntuarios, según ha dicho.

Preguntado por la acusación pública sobre si existen "evidencias" de pagos por parte de empresarios a Roca y que si éstos tenían intereses urbanísticos en Marbella ha contestado que sí se ha constatado y ha dicho que se observa que algunas operaciones "con base en actividad inmobiliaria en Marbella incrementan considerablemente el patrimonio de Roca". Además, ha señalado que desde el punto de vista policial existía una organización.

Sobre la acusada Montserrat Corulla, el agente ha señalado que "le asignamos un papel, pero posteriormente nos dimos cuenta que sería mejor colaboradora necesaria, más que testaferro, porque lo que hace es cooperar a la administración del patrimonio" y ha explicado una operación inmobiliaria en la que ésta tuvo supuestamente participación en la negociación "por búsqueda de suelo y se condicionan pagos".

En ese momento, la acusada ha asegurado: "yo no he negociado nunca con ningún empresario", tras lo que el presidente del Tribunal, José Godino, ha decidido suspender la sesión hasta este miércoles. El magistrado también ha mantenido diferencias dialécticas con uno de los abogados y también acusado, que ha hecho constar su protesta varias veces ante lo que para él son "interpretaciones de documentos, lo que corresponde a la Sala", y no hechos concretos.

Los últimos acusados

En la sesión de este martes han terminado de declarar los últimos acusados en el segundo bloque del juicio del caso 'Malaya'. Así, el que fuera responsable de seguridad de Roca, Jaime Hachuel, que comenzó a declarar este lunes, ha insistido en que el exasesor marbellí sólo le preocupaba su familia, especialmente sus hijos; y ha rechazado que se intentara evitar las investigaciones con las medidas de seguridad instaladas.

El acusado ha precisado que los equipos adquiridos son "homologados" y se utilizan "normalmente" en estas tareas de seguridad, al tiempo que ha indicado que Roca estaba totalmente limpio administrativamente hablando antes de su detención por este caso, ya que él mismo le tramitó la licencia de armas. También ha dicho que no ha vivido una situación "tan desagradable" en sus años como militar como el momento de su detención.

El otro procesado que ha declarado ha sido el abogado Juan Hoffman, quien ha señalado que "no hubo ocultación de Roca en Suiza" y ha apuntado que las operaciones pasaron "ciertos escalones" y controles en dicho país, al tiempo que ha incidido en que las transferencias internacionales con las que se le vinculan son a países que no son paraísos fiscales, como Italia.