El presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, ha hecho uso este martes de su voto de calidad para rechazar en el pleno de la institución pedir al Parlamento de Andalucía una Comisión de Investigación sobre las supuestas irregularidades detectadas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, una iniciativa que ha partido del PP y que ha apoyado el grupo de IU.

La moción, que el PP ha propuesto con el nombre 'Investigación del caso Fondo de Reptiles', ha contado con los doce votos del grupo 'popular', y con el del vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo, de IU —la segunda diputada de IU, María Asunción Pérez Cotarelo no ha asistido a la sesión plenaria—, con lo que se ha producido un empate con los 13 votos socialistas, lo que ha llevado a Martínez Caler a ejercer su voto de calidad.

El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado provincial del PP José Torrente, quien ha tildado el asunto de "un escándalo de corrupción política de dimensiones hasta ahora desconocidas en Andalucía". Según el PP, el Gobierno andaluz está teniendo una "sospechosa actitud", ya que "parece empeñado en ocultar lo que ha pasado que en poner todo su empeño en aclarar este turbio asunto".

"Nos encontramos ante la punta del iceberg de una trama de dimensiones y ramificaciones verdaderamente imprevisibles, y que pudiera haberse producido un auténtico atraco multimillonario y prolongado de los fondos públicos desde el propio poder político", ha señalado Torrente, que ha censurado que el Gobierno andaluz lleve quince años sin aprobar llevar a cabo una Comisión de Investigación.

El vicepresidente segundo, de IU, Julio Bernardo, ha propuesto a continuación una enmienda a la moción del PP, proponiendo que se instara a la Cámara de Cuentas a informar sobre los fondos en materia de formación y empleo concedido por la Junta de Andalucía en los diez últimos años, que el PP ha aceptado. Para Bernardo, es "preocupante" que el asunto de los ERE esté afectando a los trabajadores, y que las irregularidades estén acompañadas de una corrupción que puede deslegitimar las ayudas. Si hay corrupción, ha dicho, han de exigirse "responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas".

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José María Aponte ha considerado que la moción del PP no tiene el ánimo de investigar sino de "difamar", con lo que el voto de su grupo, anunciaba, sería en contra. Según ha señalado, el Gobierno andaluz sí ha investigado y ha puesto toda la documentación al respecto a disposición de lo tribunales, pero eso es algo "que al PP no le interesa decirlo".

Los ERE, ha apuntado, han ayudado a muchas personas, y lo que no debe ponerse en cuestión es precisamente los fondos que han mejorado la situación de muchos trabajadores con dificultades. Torrente ha replicado que el rechazo del PSOE demuestra que se "autoriza la corrupción", una afirmación que Aponte ha rechazado mostrando su confianza en la justicia.